El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) se sumó a la crítica contra el Congreso de la República. Como es de público conocimiento, un sector de los parlamentarios viene siendo fuertemente cuestionado, principalmente por la Fiscalía de la Nación, debido a sus intenciones de modificar la Ley de Extinción de Dominio.
La norma, que pretende realizar cambios en el Decreto Legislativo n.° 1373, condicionaría fuertemente las capacidades del Ministerio Público, y significaría un considerable retroceso en la lucha contra la corrupción y la criminalidad. De acuerdo a la fiscal de la nación, Delia Espinoza, se debe denunciar esta intención al igual que aquella que derogó la detención preliminar.
“Ante la propuesta normativa del Congreso de la República que propone modificar el proceso de extinción de dominio contemplado en el Decreto Legislativo n.° 1373, el MINJUSDH destaca los importantes logros que la Ley de Extinción de Dominio ha tenido para el combate de este flagelo”, señaló el sector en un comunicado.
MINJUSDH y la extinción de dominio
La cartera precisó que la extinción de dominio es una herramienta legal fundamental en la recuperación de bienes obtenidos de forma ilícita. Asimismo, recordó que, desde el 2019, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entidad adscrita al MINJUSDH, gestiona y administra estos bienes.
“Informamos que, los registros de bienes administrados por el Pronabi, en el 2020, aumentaron un 32 % (pasando de 101 a 133); en 2021 se incrementaron un 390 % (alcanzando 652 registros); en 2022, se tuvo un crecimiento del 138 % (…) En 2024, el programa logró un crecimiento del 44 %, con 996 nuevos registros”, destacó.
Por último, el sector rechazó que se intente limitar el alcance de la ley vigente, señalando que su modificación beneficiaría directamente a organizaciones criminales.
¿Qué implica la norma?
Según la Fiscalía, si se llegan a aplicar los cambios, se excluirían de la norma los bienes ilícitos relacionados con delitos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado y delitos medioambientales. El marco normativo actual ha permitido la recuperación de más de 560 millones de soles en bienes y dinero.
“Además, quieren que la ley solo permita incautar bienes cuando ya exista una sentencia firme del caso. (…) ¿Qué significa esto? Que permitiría a los criminales usar testaferros, transferir y desaparecer los bienes, entre otras acciones”, alertó Delia Espinoza, fiscal de la nación.
