Ordenan detención de cinco “asesores en la sombra” del presidente Castillo

Abel Cabrera, Salatiel Marrufo, Auner Vásquez, Biberto Castillo, Eder Vitón

El Poder Judicial ordenó la detención preliminar de cinco integrantes del “gabinete en las sombras” del presidente Pedro Castillo, por supuestamente conformar una organización criminal.

La detención fue solicitada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, detención que tiene el carácter de preliminar, por un plazo de diez días.

El juzgado a cargo de la diligencia es presidido por e juez Víctor Zúñiga, quien aprobó la detención de Abel Cabrera, Salatiel Marrufo, Auner Vásquez, Biberto Castillo, Eder Vitón, por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencia y encubrimiento personal.

Prófugo

Dentro de la investigación y solicitud de captura se encuentra Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, donde Castillo despachó, presuntamente, de forma clandestina con el fin de otorgar licitaciones a constructoras. Este implicado no pudo ser hallado hasta el momento.

Según la Fiscalía, Sánchez habría recibido 500,000 soles, equivalentes a 126,000 dólares, de la empresa de José Uribe Fernández Inga, quien en el transcurso de la gestión de Castillo suscribió siete contratos con el Estado y ganó un total de 3 millones 228 mil de soles, cifra que ronda los 800,000 dólares.

Dichos montos figuran  en los movimientos financieros de Sánchez bajo investigación en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Para el Ministerio Público, en la supuesta estructura criminal que conformaron los asesores de Castillo, Sánchez y Cabrera eran financistas y coordinadores de la organización. Además, Marrufo y Vásquez fungían como asistentes. El mandatario hacía presuntamente como operador.

Las actividades ilícitas habrían sido perpetradas después de la segunda vuelta electoral de 2021. Dichos acusados habrían participado captando dinero, para financiar la campaña de Castillo.

En el mismo caso se encuentran comprendidos los sobrinos del presidente Pedro Castillo. La Fiscalía sostiene que todos tuvieron funciones diferentes para operar dentro de la organización como captar a congresistas, así como desaparecer todas prueba que los implique en un acto ilícito.