Instituto de Defensa Legal demanda al CNM sanción para magistrados por presunta inconducta funcional
El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, y el fiscal supremo de control Interno, Carlos Ramos Heredia, deberían ser sancionados y destituidos por su participación en hechos que pondrían en duda la imparcialidad del Ministerio Público. Eso es lo que el Instituto de Defensa Legal (IDL) le pide al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en un escrito ingresado ayer a esta entidad.
Basado en información documentada que publicó diario16 en los días previos, el IDL demanda en su denuncia disciplinaria que ambos magistrados supremos se han visto comprometidos en tres casos que deberán ser sometidos a evaluación por el CNM.
Respecto de la máxima autoridad de la Fiscalía, José Peláez Bardales, el IDL toma como evidencia el reportaje que publicó este diario el domingo pasado titulado “Las extrañas decisiones de José Peláez y de Ramos Heredia”.
“De acuerdo a lo informado… en el 2011 se nombró al abogado Hugo Alejandro Hernández Delgado como fiscal adjunto provincial, quien había trabajado en poco tiempo anterior para el Gobierno Regional de Áncash como auditor supervisor en el Órgano de Control Interno”, recuerda el escrito.
Luego añade: “El 2012 se nombró al abogado Augusto Magno Huaroma Vásquez como fiscal penal de Casma, quien a su vez era un militante político del Movimiento Regional Independiente Cuenta Conmigo, partido político del actual presidente regional César Álvarez Aguilar”.
Las resoluciones con las cuales se designó a estos dos fiscales fueron firmadas por Peláez, por lo que, de acuerdo al IDL, “el fiscal incurre en muy grave inconducta funcional al nombrar fiscales provisionales cercanos al ámbito de poder político, obviando sus deberes en el nombramiento de estos magistrados y vulnerando directamente la garantía formal de independencia e imparcialidad de los fiscales”.
RAMOS HEREDIA
La segunda irregularidad comprometería al fiscal supremo, candidato a la Fiscalía de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y actual jefe de Control Interno del Ministerio Público. La misma fue revelada también por diario16 el miércoles último.
“El fiscal Ramos fue nombrado para dicho cargo el 07 de febrero del 2011 (Res. N.° 010-2011-MP-FN-JFS), que de acuerdo con el artículo 51 de la Ley Orgánica se venció el 7 de febrero del 2014, pues el cargo es de un plazo improrrogable de tres (3) años. No obstante, el fiscal Ramos se mantiene en el cargo”, denuncia la ONG.
Además, señala que lo ocurrido es responsabilidad no solo del fiscal Ramos (quien sabía del vencimiento de su plazo), sino también del fiscal Peláez y de los demás fiscales supremos que aceptaron esta “ilegal situación”.
“La consecuencia de este hecho no solo es la vulneración de la máxima norma de organización y funciones del Ministerio Público (su ley orgánica), sino también la nulidad de los actos de la Fiscalía Suprema de Control Interno al haber sido emitidos sin competencia”, sostiene.
En consecuencia —dice el IDL—, “se concluye que debido a la condición de su cargo el fiscal de la Nación Peláez Bardales ha cometido falta que amerita destitución; y que el fiscal supremo Ramos Heredia ha cometido falta que amerita destitución al mantenerse en un cargo que ya no le correspondía de acuerdo a la ley de su propia institución”.
El tercer hecho que motiva el pedido de sanción y destitución para estos dos fiscales es el ya conocido requerimiento del gobierno norteamericano para que la Fiscalía peruana disponga ayuda judicial a ese país en el caso Sánchez Paredes.
Como se recuerda, el fiscal Peláez derivó esa solicitud por mesa de partes, en lugar de hacerlo directamente al tribunal encargado del caso, pese a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había pedido absoluta reserva y cautela.
Diario 16, 04.04.2014
