Procuraduría del MTC logró la anulación de laudo que ordenaba pagar más de S/ 7 millones al consorcio integrado por dos empresas investigadas en el caso del “Club de la Construcción”.
La Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) logró que el Poder Judicial declare la nulidad parcial —sin reenvío— del laudo arbitral del 3 de setiembre de 2019, que ordenaba a la entidad el pago de S/ 7 671 412.86 al contratista por conceptos vinculados a adicionales de obra, derivados de la ejecución del proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura–Sayán–Churín, Tramo: Huaura–Sayán–Puente Tingo”.
La Procuraduría había formulado un recurso de anulación ante el fuero judicial contra algunos de los puntos señalados en el mencionado laudo, amparado en que el tribunal arbitral se pronunció sobre una materia que, de acuerdo a ley, no era arbitrable.
Como resultado de la estrategia de defensa formulada por la Procuraduría, el pasado 14 de abril de 2021, la Primera Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró la nulidad parcial del laudo arbitral, sosteniendo que “no puede someterse a arbitraje los adicionales de obra que —restados los deductivos vinculantes— superen el 15% de monto del contrato original por requerir de autorización previa de la Contraloría General de la República”.
Adicionalmente, es importante resaltar que el Consorcio Vial Huaura que demandó al MTC está integrada por las empresas Constructora Andrade Gutierrez S.A. y JJC Contratistas Generales S.A., las cuales están investigadas por el Ministerio Público en el denominado caso del “Club de la Construcción”.
El procurador público del MTC, David Ortiz Gaspar, puntualizó que “se trata de un logro importante para los intereses del Estado, dado que, con esta decisión el Poder Judicial corrige la actuación de algunos árbitros de pronunciarse sobre materias no arbitrales”.
Agregó que la sentencia acoge los fundamentos de la defensa jurídica propuestos por la Procuraduría “y es una muestra del firme compromiso que asumimos al ejercer la defensa jurídica del Estado”.
