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Jon Cordero
En España, muchas veces a la hora de hablar de la lentitud de la burocracia se cita el famoso artículo «Vuelva usted mañana», escrito por el maestro de periodistas Mariano José de Larra en el siglo XIX, que conserva aún su vigencia y que forma parte del temario de los profesores de literatura española en los institutos.
De Larra dio en el clavo con el titular, con el que repite la respuesta tantas veces dada por los trabajadores públicos a la hora de tratar de hacer un trámite al que siempre le falta algún documento.
Acabar con esta leyenda negra de la sociedad española es lo que pretende la nueva Ley de Startups, que prepara el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, un proyecto que ya se tanteó hace dos años con la consulta pública previa a la elaboración de la ley y que se retoma en esta legislatura por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Consultado este departamento por Sputnik, se limitaron a decir que actualmente se está trabajando en un nuevo texto con los Ministerios, sin aportar más pistas; sin embargo, los actores del sector sí que tienen claro qué necesitan.
El abogado Carlos Guerrero acumula más de una década de experiencia gestionando los procesos de este tipo de sociedades que el documento de consulta pública citado definía como «empresas de reciente creación, normalmente fundadas por emprendedores, de base tecnológica, innovadoras y con una elevada capacidad de rápido crecimiento».
Guerrero señala, en primer lugar, a la lentitud en crear una empresa como uno de los elementos que debería subsanar la nueva ley: «inscribir una sociedad en el registro mercantil, un trámite necesario para operaciones bancarias, lleva entre 15 o 20 días, algo que no tiene sentido en los tiempos que corren y que hoy en día debería ser telemático».
FACILIDADES PARA EXTRANJEROS
Sin embargo, este asesor no tarda en mencionar, en conversación con Sputnik, el que él, al igual que otras voces del sector, señala como «el principal problema»: la inversión extranjera.
«Para que un extranjero pueda realizar una inversión en España necesita un NIE (Número de Identidad de Extranjero, un código para la identificación tributaria de los extranjeros en España) y obtenerlo supone un lío burocrático de tal calibre, que retrasa operaciones tanto pequeñas como grandes», explica Guerrero, desde su experiencia al frente de la plataforma jurídica online attolonlaw.com
Si se leen entre líneas las palabras del presidente del Gobierno español, da la sensación de que este podría ser uno de los puntos que abordaría la nueva ley.
El pasado 11 de febrero, en la presentación de la «Estrategia España Nación Emprendedora’ en el Palacio de La Moncloa, en la que Sánchez presentó 50 medidas de apoyo al emprendimiento innovador, mencionó también la inminente aprobación de la Ley de Startups y se refirió expresamente a los inversores extranjeros.
«Queremos que España sea un faro para los emprendedores y para las Startups de todo el mundo. Esta estrategia busca atraer inversión y hacer de nuestro país un lugar donde las Startups puedan nacer, recibir financiación y escalar globalmente», dijo el líder del Ejecutivo español en ese acto.
LAS SCALEUPS
Pero el ecosistema empresarial de las empresas de Internet no está solo compuesto de Startups, el siguiente paso en el modelo de maduración está en la Scaleups, como su nombre indica las empresas que han comenzado a asentar su negocio y buscan «escalarlo», que es como se conoce en el argot propio al proceso para ampliar la magnitud de un negocio.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para que una compañía sea considerada una Scaleup debe haber crecido durante los tres ejercicios anteriores a un ritmo anual superior al 20 por ciento en número de empleados o en facturación.
En esa situación se encuentran las empresas españolas agrupadas hace una década en la asociación Chamberí Valley, todas ellas con nexos de unión con el céntrico barrio madrileño que da nombre a esta red.
Uno de sus miembros, Javier Andrés, fundó ticketea.com y posteriormente vendió este market place de entradas online a la estadounidense Eventbrite, con la misma actividad; hoy en día invierte en diferentes proyectos.
Desde esta posición considera prioritario que esta nueva legislación aborde la cuestión de las stock options, las opciones de acciones, un término que aparece manchado en España por el escándalo de finales de los 90 por el que el entonces presidente de Telefónica, Juan Villalonga, se valió de información privilegiada para enriquecerse gracias a estas acciones, pero que en el mundo de las empresas tecnológicas es de uso común.
«Es un mecanismo muy consolidado en otros mercados maduros como el estadounidense o el inglés, que sirve para poder incentivar a los empleados, que asumen un riesgo elevado a la hora de incorporarse a una compañía que tiene más proyecto que realidad. Estos empleados están dispuestos a trabajar por un sueldo fijo más pequeño, pero a cambio de la promesa de que ellos serán partícipes del futuro éxito de la empresa», explica Javier Andrés.
Este inversor explica que «a día de hoy a nivel fiscal, si vendes tu compañía, tienes que tributar lo obtenido como rendimiento del capital, un 27 por ciento; pero si eres un empleado, como rendimiento del trabajo, que podría llegar hasta el 40. Fiscalmente está muy penalizado y es mucho menos atractivo que en otros mercados. Esto habría que revisarlo y mejorarlo», señala.
Otros puntos a tratar citados por Andrés están en la atracción de talento internacional y los visados; y los incentivos fiscales a los inversores particulares, «como sector estratégico, se podrían dar ventajas fiscales; ya se hizo en su momento con la vivienda», explica.
Si como indican numerosos estudios, la generación que creció con el cambio de milenio, los Millenials, tienen mayor tendencia al emprendizaje y están hiperconectados a Internet, se hace necesario un marco normativo propio para las nuevas empresas de base tecnológica que están por venir. Habrá que ver qué frutos da en forma de ley el trabajo liderado por Francisco Polo, el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, dependiente directamente de la Presidencia del Gobierno y si este es del agrado del sector. (Sputnik)
