El Poder Judicial autorizó el allanamiento de oficinas en Palacio de Gobierno, las cuales son contiguas a las del presidente Pedro Castillo, con la intervención de un grupo de fiscales a cargo de la fiscal Norah Cördova y agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía.
La operación, llamada Resplandor 2022, comenzó en la madrugada de este viernes en Palacio de Gobierno y se dirigieron a la Secretaría General, la Oficina de Protocolo y del asistente presidencial, así como los salones ubicados frente o contiguos al Despacho de Presidencia.
Como suele suceder en los allanamientos, los fiscales fueron autorizados a incautar material probatorio, según orden del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción.
Los presuntos delitos por los que se les investiga se relacionan con la administración pública en la modalidad de colusión simple y la negociación incompatible en agravio del Estado.
Otros 14 inmuebles fueron comprendidos en la operación. Se trata de predios relacionados con elgerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, al empresario Samir Abudayeh. la lobista Karelim López y otros, por el presunto favorecimiento a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. en la compra de biodiésel desde Petroperú..
Los fiscales comenzaron su trabajo a 5 de mañana. La Fiscalía apunta a que los presuntos actos de colusión se habrían originado en la reunión sostenida con el presidente Castillo en octubre pasado. Sin embargo, ante las versiones dadas por los involucrados buscando un deslinde, la Fiscalía consideraba necesario confirmar que habrían estado reunidos al mismo tiempo y en el mismo lugar en Palacio.
El gerente general de Petroperú niega haber tenido contacto con alguno de los investigados y asegura que ese día que se registró su visita él estuvo en una sala de espera al frente del Despacho Presidencial.
En diciembre de 2021, la Fiscalía intentó solicitar la exhibición de documentos, pero le impidieron el ingreso a las oficinas de la Secretaría de la Presidencia, según actas.
El juez Manuel Chuyo Zavaleta dijo que el presidente Pedro Castillo no se encuentra comprendido en el caso, por lo que la autorización otorgada no comprende aquellos ambientes en los que la citada autoridad desempeñe sus funciones o formen parte de su domicilio”, se explicó. Como mandatario, Castillo goza de inmunidad.
Según varios medios, celulares, dispositivos de almacenamiento y en uno de los inmuebles S/8,600 en efectivo.
