PPK introdujo DL 1301 que impide a procuradores conocer investigación a ladrones Odebrecht

Un procurador es un empleado pagado por todos los peruanos para defender los intereses del Estado. Increíblemente, en lugar de facilitar su labor, el gobierno la obstruye, en este caso, con el Decreto Legislativo 1301, que impide a los procuradores conocer en detalle la investigación a los ladrones de Odebrecht. ¿Cómo va a defender al Estado un procurador sin datos?

Este podría ser uno más de los proyectos legales elaborados por los estudios de ladrones pagados por Odebrecht para, plata en mano, ser tramitados ante el gobierno y el Congreso para obtener beneficios, como es ahora, impedir el trabajo de las procuradurías.

Frente a la Comisión Lava Jato, la procuradora Katherine Ampuero afirmo que el Decreto Legislativo 1301, expedida por la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, les evita conocer la investigación a Odebrecht y sus socios en obras públicas obtenidas de manera delictiva. Por ello, pidió la ayuda del Congreso para modificar la norma.

Esta historia empieza en el momento en que, después de obtener facultades legislativas del Poder Legislativo en setiembre, en noviembre arribaron las delaciones desde Brasil, empezando por Alejandro Toledo y los 20 millones a cambio de gestionar la Interoceánica Sur.

Por mera coincidencia, la ministra de Justicia expide el decreto de el 29 de diciembre, que altera el Código procesal Penal y afirma entre muchas cosas que la Procuradoría solo podrá ingresar a la información de casos anti corrupción cuando el fiscal encargado así lo desee. Esto no puede ser antes de que culmine la etapa de colaboración eficaz.

Además de Pérez Tello, el Decreto Legislativo 1301 fue suscrito por el Jefe de estado Pedro Pablo Kuczynski y por el premier Fernando Zavala. Ambos eran parte del gobierno de Toledo en el momento que se firmó la Interoceánica Sur, y Actualmente son responsables de bloquear una parte de la investigación.

Esto va ala par con la negativa del fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, al pedido de incorporar a Jorge Barata (representante de Odebrecht) y a José Graña (dueño de Graña y Montero) como investigados en las pesquisas preliminares.

“No podemos tomar acciones respecto de su patrimonio para asegurar el pago de la reparación civil. Le hemos hecho ver al fiscal nuestra preocupación de que estas empresas están vendiendo su patrimonio. Cuando el fiscal decida en algún momento incorporarlas, será cuando ya no tengan ningún activo para pagar al Estado“, advirtió.

Ampuero concluyó presentando su proposición de modificaciones al decreto, siendo cuestionada por el oficialista Gino Costa, quien afirmo que mejor era que la procuradora propusiera colaboradores eficaces y pida los cambios a Pérez Tello. Lo inicial no tenía base legal, y lo segundo no es obligatorio por la supuesta autonomía del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

“Hay cosas en que el Ministerio Público le prohíbe prácticamente la participación a la procuradora pública y solo entran en la etapa final. Es decir, todo el arreglo viene por el Ministerio Público y es una deficiencia”, sostuvo Ampuero.
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Con información de www.lanoticiaveloz.com/