JNE y RENIEC deberán realizar procesos administrativos y remitir la Iniciativa Legislativa Ciudadana para su debate y aprobación ante el Congreso.
Frente a la alarmante realidad de violencia contra la mujer y ante la ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las mujeres que fueron violadas, la Articulación Feminista (integrada por el CMP Flora Tristán, Manuela Ramos, Católicas por el Derecho a Decidir, Promsex, Demus y Cladem-Perú), colectivos ciudadanos, redes, artistas, otros, se han unido para presentar una iniciativa legislativa ciudadana, que demandó la recolección de más de 100,000 firmas, 88 mil de las cuales serán presentadas ante el JNE.
Estas firmas pasarán por un procedimiento administrativo, además de su verificación ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) concluido este proceso pasará al Congreso de la República para su debate en un plazo máximo de 120 días.
El Perú es uno de los países que lidera la tasa de violencia contra la mujer en América Latina, las estadísticas señalan que el 34% de niñas y adolescentes víctimas de una violación sexual resultan embarazadas y más del 38% de las mujeres alguna vez unida, fue víctima de violencia física y/o sexual por parte de su esposo o compañero.
La Articulación Feminista demanda al Jurado Nacional de Elecciones proceder a la verificación de las firmas en un plazo razonable y enviar al Congreso la iniciativa ciudadana. Asimismo, demanda al Congreso de la República, ponga en agenda la discusión y apruebe este proyecto de ley, cumpliendo con proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la libertad de decidir de continuar o no con un embarazo cuando éste haya por una violación sexual.
Obligar a una mujer a continuar con un embarazo forzado se convierte en un segundo hecho de violencia, esta vez ejercida por el Estado, quien no solo desprotege a la mujer frente a la violación sexual, sino que desconociendo el sufrimiento y dolor psíquico de orden traumático de la víctima, le impone la continuación de un embarazo no deseado e impuesto y ello constituye un acto de tortura, explicaron los promotores.
A la entrega de firmas se sumaron diversas organizaciones sociales, colectivos y redes, artistas, entre otros.
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