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El ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que la ley 31091 permite a los privados importar las vacunas contra la COVID-19, pero esto no debe significar un costo a los usuarios ni que se rompa con el cronograma de prioridades elaborado por el gobierno.
«Eso hemos planteado, y los representantes del empresariado con los que hemos conversado están de acuerdo, hacerlo en esas condiciones, en ese orden, y sin romper esa priorización que ha hecho el Gobierno», explicó Ugarte en una entrevista con RPP, refiriéndose a que este mecanismo legal rompa con el cronograma y, por ejemplo, un joven se vacune mucho antes que los adultos mayores, que se encuentran en la fase I de prioridad.
Indicó que la operación no debe implicar que los importadores compitan con el Estado.
El ministro descartó la existencia de trabas burocráticas para la importación de oxígeno, como lo sugirió el congresista de Fuerza Popular, Diethell Columbus. “Basta entrar a los mecanismos de información general y se va a encontrar varias empresas que venden. La empresa Hiraoka, por ejemplo, vende concentradores. El mercado está totalmente abierto”, explicó en RPP.
