Muerte que no da pena
La incontenible ola delictiva que se manifiesta en frecuentes asesinatos, incluso de policías, secuestros, violaciones, etc., lleva al pueblo —y no, desgraciadamente, a los políticos— a pensar en la necesidad de parar estas continuas muertes y los graves perjuicios que sufre la población.
Por temporadas se debate en todas partes la reimplantación de la pena de muerte en el Perú, abolida hace más de 30 años.
Ante el sinfín de asesinatos, la principal solución que pasa por la mente de las personas es la aplicación de la pena de muerte para asesinos, violadores, corruptos y secuestradores. Sería un desperdicio de energía social luchar en referendos o consultas populares para que la pena de muerte se aplique a un solo delito; si se va a movilizar voluntades y esperanzas, que sea para castigar a todos los malhechores que se pueda.
Han surgido opiniones a favor y en contra, con toda clase de argumentaciones.
En primera fila de los opositores a la pena de muerte encontramos a sacerdotes, abogados, políticos y miembros de instituciones defensoras de los derechos humanos. Pasamos revista a los diferentes argumentos.
La pena de muerte no es disuasiva
Según esta opinión, en los países en los que se aplica la pena de muerte no ha disminuido el número de delitos con ella castigados. Consecuentemente —dicen— es inútil aplicarla, porque no disuade ni desanima a ningún degenerado, esto es, con o sin pena de muerte igual cometen sus fechorías, no tienen miedo de nada. Sin embargo, nadie repara en un importante aspecto psicológico: en todo el mundo, el 99% de enjuiciados y sentenciados a la pena de muerte trata de salvar su vida, tiene miedo de recibir la muerte aplicada por la ley; son poquísimos los que reconocen merecer el castigo y piden que de una vez los maten.
La pena de muerte no corrige
Por razones obvias, si se aplica la pena de muerte, el ajusticiado deja de existir como ser humano; en el más allá no hay aprendizajes que valgan. Por esta razón, quienes sostienen este argumento dicen que se debe aplicar sanciones drásticas (cadena perpetua) para que el perpetrador deje de ser un peligro y, aunque sea dentro de la cárcel, llegue a desarrollar una conducta positiva.
Los perpetradores son inimputables
A partir del dato de que la mayoría de violadores son personas con alteraciones psicológicas, con una conducta anormal, sus defensores dicen que esta gente maligna no está en sus cabales, no pueden discernir entre el bien y el mal y, por tanto, como no son personas normales, sólo se les puede aplicar la ley considerándolos orates o algo parecido. Entonces, recomiendan mandarlos al manicomio o a la cárcel pero en condiciones especiales.
Error judicial
Los sostenedores de esto dicen que si por error se condena a un inocente y se le aplica la pena de muerte, el daño es irreparable; de nada servirá que después de muerto aparezcan pruebas que demuestren su inocencia. En varios países —y parece que en el Perú también— ha ocurrido que se sentenció a estas personas sin pruebas concluyentes; los jueces actúan presionados por la opinión pública, que quiere ver delincuentes castigados con esta máxima punición. Lo que ahora puede decirse es que la ciencia ha aportado mejores y más seguros medios probatorios (prueba de ADN, prueba de absorción atómica, etc., etc.), que minimizan la posibilidad de que ocurra un error de este tipo.
“El Perú pierde legitimidad internacional”
Nuestro país es suscriptor de tratados internacionales que lo comprometen a no aplicar la pena de muerte. Por ejemplo, el que nos vincula a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, establece que el país firmante no puede restablecer la pena de muerte; además, no hay retiros parciales: el Perú no puede decir “acepto todo menos la prohibición de la pena de muerte”. Los países firmantes o respetan el tratado en su integridad o se retiran de él; no hay término medio. Si el Perú denuncia el tratado limitante y se retira, habría otras consecuencias: por ejemplo, las personas que ven atropellados sus derechos por la justicia peruana ya no podrían ir a la Corte de Costa Rica para defender su derecho a la libertad, a la propiedad o al honor que haya sido violentado por jueces peruanos. Esto no es importante, porque los peruanos sabemos que nuestro sistema judicial está completamente podrido y que de todas maneras padecemos injusticia. Por tanto, si nos retiramos de esos convenios internacionales, tenemos muy poco que perder. Debemos señalar que políticos y periodistas corruptos de tiempo en tiempo agitan el tema de la pena de muerte, pero después, habiendo recibido coimas de asesinos y proxenetas que matan, dicen “No es posible, tenemos firmados convenios internacionales; el Perú no puede retirarse”. Sin embargo, estos periodistas y políticos delincuentes evitan mencionar que el Perú sí puede retirarse de estos convenios, siguiendo los procedimientos y plazos que establecen nuestra Constitución y leyes.
Lo que no se dice ni se ve: La familia ante el delito de violación.
Vistas estas razones, nos damos cuenta de que toda la polémica gira en torno a salvar la vida del delincuente violador; nada se dice de la víctima ni de su familia. Esto no llama la atención en un país como el Perú, en el cual el niño es la última rueda del coche, especialmente si es hijo de gente pobre. Veamos, si no, lo que sucede con la filiación: pese a todas las hipócritas leyes y a las pruebas de ADN, más vale la voluntad del hombre libertino que engendra, pues la ley le da todas las oportunidades de negar el reconocimiento del hijo. Una de las más recientes leyes establece que la mujer puede inscribir al niño indicando el apellido del varón engendrante, quien tiene diez días para oponerse o negar la paternidad, transcurridos los cuales el juez inscribe al niño con el apellido de ese hombre. Pero los legisladores machistas —¡esos mismos a quienes de tiempo en tiempo les aparecen sus negados hijos extramatrimoniales!— dejaron una trampita en la ley: para que ésta se cumpla, ¡es necesario que el hombre sea notificado en su domicilio! Como somos campeones mundiales en dar direcciones falsas o desaparecer de un lugar, las notificaciones quedan flotando en el vacío y el procreador queda libre de responsabilidad y listo para embarazar a más mujeres y huir.
Si desde el comienzo de su vida enfrentamos al niño con la realidad de que su derecho a la identidad vale menos que el derecho a la libertad que tiene su progenitor de embarazar irresponsablemente, es natural que a nadie importe si después la criatura es abandonada, trabaja o mendiga desde tierna edad o es violada y asesinada. Total, es un niño pobre y vale mucho menos, tiene en la práctica menos derechos y oportunidades que el hijo de una familia pudiente; no convoca las mismas solidaridades, protecciones y recursos que lo favorezcan. Hay que decir esto claramente, dejando de lado las hipocresías como aquellas de que todos somos iguales ante la ley, todos somos hijos de Dios y cuentos por el estilo. La gran mayoría de niños violados y asesinados llega a ese triste final simplemente porque sus padres, por trabajar, no pueden cuidarlos (¡ni menos pagar una niñera!).
Los defensores de los violadores y asesinos dicen, además, que aplicar la pena de muerte es el ejercicio de un sentimiento innoble, como es la venganza. Seamos francos y preguntémonos: ¿no tiene la familia de la víctima el derecho de exigir al menos venganza a ese estado que no sabe proteger a sus ciudadanos?, ¿es malo que los padres o familiares de las inocentes víctimas tengan el deseo de ver realizada una venganza? Para conocimiento de los distinguidos apologistas de la violación y el asesinato, les decimos que en varios estados de los EE. UU., los familiares de una persona asesinada tienen el derecho de espectar la ejecución del asesino. Por mucho que se critique a los yanquis, con eso demuestran comprensión y sensibilidad por el estado psicológico de las familias afectadas. Por otro lado, en China e Irán las ejecuciones de delincuentes son un espectáculo que atrae multitudes (o sea que la catarsis no es sólo para la familia sino para toda la gente).
En cuanto a que la pena de muerte no disuade ni corrige, ¿a quién le importa eso? Lo que sí importa es, por ejemplo, que el violador o cualquier otro delincuente quede fuera de circulación de manera definitiva, para que no vuelva a repetir su delito (es sabido que estos delincuentes cometen una y otra vez sus maldades, al poco tiempo de salir de la cárcel ya están violando nuevamente). Esto se asegura sólo con la pena de muerte, no con la cadena perpetua.
Para quienes opinamos en favor de la pena de muerte (no sólo para los violadores sino también para los asesinos en general) está muy claro que debemos luchar para que a tanto energúmeno no le llegue el mensaje de esperanza que propician los opositores de la pena de muerte, que es: “Viola y mata, a lo más vas a la cárcel pero tu derecho a la vida sí será respetado”. Dada la forma de pensar o mentalidad de violadores y asesinos, para ellos es muy importante violar o matar, es un anhelo que quieren realizar a como dé lugar para obtener paz y armonía en su psiquis; buscan hacerlo y lo hacen pero siempre y cuando conserven la propia vida. Por esta razón los argumentos de sus defensores tienen como resultado que hoy por hoy se reconozca que estos degenerados sí tienen el derecho de quitar la vida pero a ellos no se les puede matar.
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