Ya no parece extremista quien plantee la necesidad de cerrar el Congreso, porque sus integrantes ya no tienen legitimidad para participar en la dirección de los destinos de nuestro país. Claro que un cierre que se lleve a cabo a tontas y a locas conduciría al caos y facilitaría la entronización de una dictadura. ¿Por qué está así la situación?, ¿por qué las cosas están tan mal con nuestros congresistas? Hay varias explicaciones y hechos que se debe tener en cuenta para comprender lo que sucede. Intentemos abordar el problema.
1) Selección de candidatos. En nuestro débil sistema de partidos políticos, es ya una hazaña que antes de las elecciones generales (en las que se elige presidente de la república y Congreso) se realicen elecciones partidarias internas más o menos limpias, correctas. Lo “normal” es que las listas de candidatos al Congreso se armen tomando en cuenta la opinión de los jefes partidarios y el dinero que puedan aportar los “beneficiados” que llegan a formar parte de las listas. En la mentalidad de dirigentes y militantes de nuestros partidos políticos es prácticamente inconcebible que se elija a los mejores si no tienen buen respaldo de los dirigentes o si no tienen suficiente dinero para contribuir en los gastos de la campaña electoral. A esto se añade que el partido político no siempre se toma el trabajo de comprobar la veracidad de los documentos que el candidato presenta respecto de sus antecedentes y hoja de vida.
2) Quinquenio asegurado. Los congresistas electos saben que durante cinco años tendrán el puesto asegurado, con buenos ingresos y otros privilegios. Además, como desde su elección en el partido (la que le permite ser candidato) ha tenido peso el factor económico, el congresista electo tiende a ver todo el proceso político como una inversión en la cual, por lo menos, debe recuperar lo que gastó dando plata al partido. El hecho en sí de dar dinero al partido para solventar los costos de la campaña electoral no es malo ni corrupto; lo malo es que el factor económico se convierta en elemento decisivo, de más importancia que la trayectoria como militante. Bueno será aquí hacer entender a los partidos y a los candidatos que dentro de la agrupación política lo normal debería ser aquello de que “nadie sabe para quién trabaja”, de manera que los aportantes de dinero sepan que no necesariamente van a ser candidatos. Suena idealista, pero se necesita idealismo para cambiar la política. Y también se necesita implantar la renovación por tercios, para que a mitad de mandato —sin esperar los cinco años— haya elecciones que permitan a la ciudadanía elegir otros representantes, retirando su confianza en quienes la hayan defraudado.
3) ¿Cortinas de humo? Al iniciarse la reciente secuela hubo acusaciones de los partidos de los primeros “afectados” por los destapes: decían que las denuncias tenían por objeto debilitarlos políticamente y alterar el equilibrio de las fuerzas partidarias representadas en el Congreso; sin embargo, no pasaron muchos días antes de conocerse que incluso congresistas del partido de gobierno habían incurrido en la misma conducta escandalosa y posiblemente delictiva que los “precursores” de este carrusel corrupto. Desde el momento en que se vio que en la casa del jabonero el que no cae resbala, estos escándalos e inmoralidades de los congresistas han sido la comidilla de los medios de comunicación, lo que contribuye a que el público dirija su atención sólo a esos hechos en vez de pedir cuentas a los congresistas por asuntos como los siguientes:
Defensa nacional. El Congreso de la República no ha hecho oír su voz ni en la comisión de Defensa ni en el pleno en lo concerniente a la usurpación que Chile realiza en el triángulo de tierra tacneña y en el mar. Lo más que ha habido —y que parcialmente salva la situación— es la actuación personal de algunos congresistas nacionalistas, tendente a reafirmar la soberanía territorial del Perú; pero esta iniciativa no ha sido respaldada por el congreso como corporación. Fuera de la iniciativa de la señora Lourdes Alcorta de asegurar ingresos permanentes para armamento y equipamiento de nuestra fuerza armada, nada han hecho los congresistas para proteger al país de la permanente amenaza chilena; se comportan, salvo contadas excepciones, como alcahuetes o representantes de los intereses chilenos1.
Cultivo de la coca. Con su conocida estrechez de miras, en el problema del cultivo de la coca los congresistas no han podido ver más allá del problema legal, policial o represivo. Consecuentemente, un buen sector de estos señores y señoras considera que los sembríos de coca son ilegales y finalmente sirven al tráfico ilícito de drogas, mientras que otros (los menos) dicen que lo que allí hay que considerar es la necesidad de supervivencia de los campesinos dedicados a este cultivo. Enzarzados en ese tira y afloja, que refleja opiniones de la prensa —los congresistas parecen no tenerlas—, no quieren entender que gran parte de esos campesinos cocaleros son de procedencia serrana, que huyen de la miseria y nunca se beneficiarán con el programa de “sierra exportadora”. En otras palabras, ese problema de la selva tiene su origen en problemas no resueltos de la sierra. Además, ni los defensores ni los apoyantes de los cultivos de coca prestan la menor importancia a la depredación del medio ambiente que ocurre cuando se talan árboles y se despeja la selva para sembrar coca. Eso no les interesa; tampoco, que en la costa estén talando los pocos bosques que quedan en los departamentos de Lambayeque y Tumbes, por ejemplo. Es decir, no se ocupan ni siquiera de los asuntos que literalmente atañen a la integridad física y ambiental del país.
Educación. El sistema educativo peruano es uno de los peores del hemisferio sur, sólo comparable con Haití o países africanos. Con certeza, algunos especialistas califican de estafa a la educación peruana. Pero ¿qué puede importar esto a congresistas que no viven el problema y que ni por equivocación enviarían a sus hijos a estudiar a centros educativos estatales?, ¿interesa a los congresistas saber qué se está enseñando en los colegios?, ¿les importa siquiera un poquito averiguar que los libros que presta el estado a los estudiantes pobres (la mayoría del país) están borrando del mapa a nuestros héroes y preparando el ambiente para que todos vean a los chilenos como buena gente, sabiendo que Chile es país delincuente? Ellos saben muy bien que en cuanto a educación las cosas andan de mal en peor y son conscientes también de la inutilidad tanto de la evaluación de docentes realizada por el ministerio de Educación como de los programas de capacitación de docentes propuestos como paliativo.
Salud. Del sistema de salud ni hablar. Cada vez que “se descubre” un hospital cayéndose en ruinas o que muchos pacientes están muriendo, el ministro del ramo declara los hospitales “en estado de emergencia”. Y los congresistas, bien, gracias. Los índices de desnutrición infantil son severísimos en el país y abarcan a la población en situación de pobreza o extrema pobreza (¡que son la mayoría del país!); pero todos quedan contentos con programitas como el vaso de leche o los comedores populares, que de ninguna manera resuelven el problema de la desnutrición: simplemente evitan que muera de inanición demasiada gente. Como los más afectados son los niños, ya tenemos por lo menos una explicación del bajo rendimiento escolar: en esos escolares que no entienden lo que leen estamos viendo ya el resultado del daño irreversible producido en sus cerebros por la deficiente alimentación en sus primeros años de vida.
Seguridad ciudadana. Ya hace tiempo que el estado peruano tiró la esponja, se ha dado por vencido, en todo lo concerniente a la seguridad. La idea de los gobernantes es que la gente se las arregle como pueda: poniendo rejas, contratando vigilantes, comprando armas, etc. El que reina en la calle es el delincuente, que impone su ley2. Ya el ciudadano no está seguro de nada: la delincuencia ataca por igual al pobre (por ejemplo, asesinándolo para robarle diez soles o quitarle las zapatillas nuevas que lleva puestas, secuestrando a sus hijas para prostituirlas3) o al rico (secuestros en los que de nada sirve que uno o dos guardaespaldas armados protejan a un empresario, porque aparecen entre ocho y doce secuestradores armados de pistolas y fusiles). Los gobernantes —poder ejecutivo, principalmente— tienen asignados policías y camionetas patrulleras que velan por su seguridad, y realmente no les interesa lo que pase con la gente. Ante esto, ¿qué hace el Congreso?, ¿ha dado buenas leyes para reprimir el delito o exigido que se construyan las veinte cárceles que necesita el Perú?, ¿ha exigido que se aumente el número de policías para proteger a la gente?
Cierto es que el responsable directo de esta catástrofe es el presidente de la república con su consejo de ministros (poder ejecutivo), pero el Congreso tiene una función fiscalizadora y debía señalar al poder ejecutivo (que parece no darse cuenta de nada) cuáles son las principales tareas en la correcta administración del estado y exigir su efectivo cumplimiento. Pero no, en aras de la “gobernabilidad” el Congreso ha abdicado de sus funciones y, traicionando las esperanzas de los electores, se ha convertido en testigo cómplice de toda esta tragedia. Ni siquiera para deslindar responsabilidades ante la historia se atreven a decir la verdad, a exigir que el poder ejecutivo enfrente seriamente los grandes problemas nacionales.
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2 Una “ley” del hampa es que los mirones son de palo. Si un ciudadano interviene para defender a una persona asaltada, se desatará la ira del ladrón, que dejará de lado su botín para asesinar al que se “atreve” a socorrer a la víctima; así “alecciona” para que “nadie se meta”. Con el fin de favorecer al delincuente y que siga robando con tranquilidad, el Congreso no ha aprobado ninguna ley que castigue al malhechor que ataca al noble ciudadano que va en auxilio de otro, y lo principal es que en el Perú —por obra y gracia del Congreso— la ley no contempla la acumulación de penas (sumar años de cárcel por cada delito cometido); la tendencia es castigar emitiendo sentencia por el delito más grave y punto. ¿Entre delincuentes se dan la mano?
3 Recordemos que hace poco tiempo, por intensa presión de violadores y proxenetas, en el actual Congreso anduvo dando vueltas un proyecto de ley según el cual bajaba a 14 años la edad de una menor para declarar su consentimiento a tener relaciones sexuales. El resultado sería una ley a favor del violador que amenaza a la niña ultrajada y a su familia para que digan que todo ocurrió por consentimiento de la víctima y así el delincuente no va a la cárcel y sigue violando como loco. Ese proyecto viene como anillo al dedo también a los proxenetas, cuyo mecanismo es muy simple: secuestran a su víctima y la prostituyen si es posible desde los 10 u 11 años de edad. Si se aprueba el proyecto de ley solicitado por violadores y proxenetas, una adolescente que se prostituye a los 14 años dirá que lo hace libremente y seguirá produciendo dinero para el proxeneta. Por lo demás, la legislación actual prácticamente no castiga el proxenetismo (si entran a la cárcel salen rápido, o sea que no es grave prostituir a una niña o mujer), actividad en la que hay incluso autoridades involucradas.
