César Aching Guzmán (*)
La heroica lucha del pueblo de Cajamarca, es en defensa de los ecosistemas de nuestro país, para evitar que se lleven a cabo actividades de extracción minera en cabeceras de cuenca como las de Conga en Cajamarca.
La lucha y sacrificio del pueblo de Cajamarca no es en contra de tal o cual empresa minera por su nacionalidad, es en contra de todo aquello que signifique desolación y muerte, como el proyecto de la minera Yanacocha/Newmont. Los antecedentes más próximos están en la propia Región Cajamarca a partir del año de 1992; fecha en que con malas artes Roque Benavides y Newmont recibieron del gobierno corrupto de Fujimori/Montesinos el ecosistema de la Laguna Yanacoha, consolidado a lo largo de los gobiernos no menos corruptos de Toledo-Olivera-Kuczynski, Alan García y al parecer también el actual.
Cualquier actividad minera en cabeceras de cuenca es destructivo sean estas empresas peruanas, estadounidenses o chinas como la empresa Galeno.
La minera china Galeno de Lumina Copper SAC, cuyo accionariado está distribuido de la siguiente manera: China Minmetals Corp., 60% Jiangxi Copper Corp., 40%; viene operando en Cajamarca desde el año 2003 en los distritos de La Encañada y Sorochuco, cuya extensión es de 1,347 ha en su primera etapa.
El proyecto de la minera china Galeno es nocivo para el ecosistema de la región, también destruiría las lagunas Rinconada, Milpo, Dos colores, Kerosene, Namococha o Mamacocha, Alforjacocha, Honda, Seca, Caparosa, Milpo chica y Lipiac; es decir en nada se diferencia del proyecto minero de Newmont/Yanacocha, ambos se orientan a la destrucción del ecosistema del Valle, únicamente les interesa los minerales a precio de regalo.
Por ello insistimos que es imperativo al evaluar proyectos de este tipo, hacerlo contraponiendo el otro proyecto de dejar el ecosistema tal cual está, este último existe antes del proyecto nuevo de las mineras; ambos son cuantificables desde el punto de vista económico y deben ser evaluados aplicando las técnicas matemáticas de evaluación de proyectos de inversión (VAN, TIR, B/C), fundamentalmente el análisis de beneficio/costo, por ser proyectos de interés público; ambos proyectos por su naturaleza son mutuamente excluyentes.
Al proyecto de dejar el ecosistema tal cual está, se debe agregar inversión pública proveniente de las reservas internacionales que se encuentran beneficiando únicamente a la banca extranjera, altos directivos del BCR y seguramente también a encumbrados funcionarios del estado en una moneda que día a día se viene abajo. Precisamos que hablamos de inversión y no de gasto, la cual debe dirigirse prioritariamente a tecnificar e intensificar la agricultura, ganadería, producción de carne, lácteos y sus derivados, a través de asociaciones y cooperativas de pequeños y medianos productores. Bien vale esta aclaración por cuanto los llamados “negociadores” del estado entregan las riquezas nacionales a empresas monopólicas y oligopólicas como el grupo Gloria, el grupo Romero, etc. Con seguridad afirmo que el proyecto de dejar el ecosistema tal cual está, es mucho más rentable que el de las mineras; los proyectos mineros tienen un horizonte máximo de 20 años, es decir son finitos y el otro de preservación del ecosistema es al infinito y como tal sustentable. La mono de obra en la agricultura y ganadería es 80% más que en el sector minero; mano de obra que se va calificando a medida que se tecnifique e industrialice la actividad agrícola ganadera.
A manera ilustrativa se reproduce textualmente algunos datos del artículo “PERU. UNA CONGA SIN SALIDA” de Gustavo Espinoza M.:
“…En Cajamarca, donde opera Yanacocha y Galeno (NdR), la pobreza llega al 77.6%. En La Libertad, donde están Barrick y Michiquillay, la pobreza se sitúa en el 53.1%. En Pasco, donde opera Milpo, en 63.6%. En Cusco, donde está Xstrata-Tintaya, en 72.7%. En Ancash, donde están Barrick y Antamina, en un 43.4% y en Puno, con Minsur en un 77.3%. ¿Podrá decirse entonces que “a más minería, menos pobreza”?”
El gobierno –que ha sido elegido por el pueblo- tiene la obligación de actuar con soberanía en defensa de los intereses nacionales y no a favor de las empresas mineras; es responsabilidad del estado salvaguardar el patrimonio nacional y no “negociarlo” en beneficio propio y de las empresas nacionales o extranjeras.
(*) Director de PUNTO DE VISTA Y PROPUESTA
