El pez por la boca muere y la presidenta Boluarte se ha metido en un laberinto del que difícilmente podrá salir tras admitir, públicamente ante la prensa nacional, que fue Wilfredo Oscorima, su wayki, quien le puso un Rolex en la muñeca. Su problema se agrava tras la presentación en Fiscalía de Humberto Abanto, abogado del gobernador Oscorima, que aclaró este miércoles que no se trató de uno, sino de tres relojes y que, además, la mandataria recibió —según el cuento, también como préstamo— una pulsera de oro con 94 diamantes, bastante más costosa que la pulserita de bisutería final que lució en la mencionada conferencia. La situación de ambos se complica, pues podría corroborarse la presunción de delitos como enriquecimiento ilícito y corrupción.
La prensa ha podido constatar —por filtraciones ya habituales en Fiscalía— que en el allanamiento hecho a la vivienda de la presidenta se hallaron certificados de autenticidad, tanto de uno de los Rolex como de la pulsera Bangle, ambas joyas valorizadas en 18 000 y 13 000 dólares respectivamente. Nos preguntamos entonces, ¿por qué si eran un préstamo, Boluarte tenía los certificados? ¿No debieran, por el contrario, estar en posesión del dueño si es que realmente quería recuperar los bienes? ¿Qué es lo que realmente necesitaban certificar?
La cadena de coincidencias entre las aprobaciones de ampliaciones presupuestales y los supuestos préstamos de joyas complican a los protagonistas de esta novela. Por ahora son dos decretos los que benefician directamente al Gobierno Regional de Ayacucho, y que por las fechas de su emisión podrían estar vinculados a las joyas. Coincidiendo con el destape del llamado Rolexgate, el gobierno aprobó una semana después del escándalo, en marzo de este año, el DU 006-2024, que en teoría establecía medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público, pero que incluye un artículo que no guarda relación con el objetivo de la norma y que transfiere 100 millones de soles al Gobierno Regional de Ayacucho para el mejoramiento del estadio Cuna de La Libertad Americana en la ciudad de Huamanga.
Pero ayer saltó a la luz un nuevo decreto, este podría estar estrechamente vinculado con la ya famosa pulsera Bangle. El portal La Encerrona muestra la coincidencia entre el día en que Oscorima compra la pulsera con diamantes, visita palacio de gobierno y se publica el DU 029-2023. Todo ocurre el 25 de julio del año pasado.
El decreto, que en teoría establecía medidas extraordinarias en materia económica y financiera para impulsar la reactivación de la economía familiar y la reactivación del sector turismo, incluye una disposición final que, como en el caso anterior, tampoco guarda relación con el objeto de la norma. Esta disposición autoriza a los Gobiernos Regionales para ejecutar inversiones correspondientes a los servicios de Educación Superior Universitaria en universidades públicas, en convenio con las autoridades universitarias.
Nuevamente, el pez por la boca muere. Al día siguiente, el gobernador de Ayacucho, como lo muestra el portal La Encerrona, se adjudica, en sus redes sociales, la gestión realizada para esta autorización. Textualmente dice: “Gracias a las insistentes gestiones realizadas por el gobernador regional de Ayacucho, el Poder Ejecutivo aprobó ayer el Decreto de Urgencia Nº 029 2023 que de manera excepcional autoriza al Gobierno Regional como unidad ejecutora para iniciar la construcción de las seis escuelas profesionales de la Universidad San Cristóbal de Huamanga”.
¿La insistente gestión incluía la pulsera de oro con diamantes? No lo podemos afirmar, pero la coincidencia no deja lugar a dudas.
La entrega de certificados de este tipo de bienes es un elemento que da cuenta de una voluntad diferente a la del préstamo de una joya que se usa en una ocasión. La coincidencia de las fechas con la entrega de las mismas o su descubrimiento por parte de la prensa, sugiere en realidad una transacción. Transacción que por cotidiana en la política peruana no es menos dañina a la ética pública y al quehacer gubernamental.
En tiempos como este, en que la justicia se politiza y la política se judicializa, el futuro de la señora Boluarte y su socio parecen estar mucho más ligados al desenlace de las tensiones internas del Ministerio Público y el Poder Judicial, que a la acción política de un Congreso deslegitimado y desvergonzado o de una sociedad cada vez con mayor desafección frente a la política.
Ojalá el futuro de un gobierno en el Perú vuelva a estar en las manos de “demos”, es decir, las ciudadanas y ciudadanos de la democracia, por el momento, esperemos que la justicia cumpla con su papel.
desco Opina – Regional / 12 de abril del 2024
