El expresidente y líder del Partido Morado, Francisco Sagasti y su ministro de Transportes, Eduardo González, sospechosamente decidieron seleccionar para el proyecto de la Carretera Central a una empresa que fue sancionada por el Banco Mundial.
La empresa de marras,Egis Avia pagó un amulta millonaria en Argentina, por malas prácticas en 2019. Un año después, el Banco Mundial decidió cerrarle cualquier crédito, por “prácticas corruptas y fraudulentas” en dos proyectos de la India, reporta Expreso.
Pero a Sagasti no le importaron esos antecedentes y el 27 de mayo de 2021 la gestión del miembro del Partido Morado, por medio de su entonces ministro de Transportes, Eduardo González, firmó un “Memorándum de Entendimiento”. Por el lado francés lo hizo Marc Giacomini.
Con ello empezó un PMO Project Management Office (Oficina de Gestión de Proyectos). Este debía dirigir y controlar cómo se gestiona para que se construya bien. Pero, a pesar de los rimbombantes anuncios sagastianos, todo iba a salir mal.
“Este acto, que marca un hito en la construcción de infraestructura de gran envergadura en el Perú, contó con la participación del presidente de la República, Francisco Sagasti; de los ministros de Economía y Trabajo, Waldo Mendoza y Javier Palacios, respectivamente, así como de los gobernadores regionales de Pasco, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, San Martín, Lima Provincias y Ucayali”, se informaba.
En marzo de 2024, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inhabilitó por tres años a Egis Eau S.A.S. y a Egis International S.A.S. por “prácticas fraudulentas y corruptas relacionadas con la supervisión de obras de agua y saneamiento en Panamá”.
Triplicaron costo
En 2021, se calculaba que la obra iba a costar 11’571 millones de soles, y los trabajos del PMO iban a ser por S/ 369’173,318. Estas cantidades terminaron triplicándose para el 2025.
Desde 2022, el Colegio de Ingenieros del Perú advertía que se estaban planificando mal las cosas, desde el trazo de la vía hasta los cálculos de materiales necesarios. Pero uno tras otro, Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte hicieron oídos sordos.
Los franceses estaban incluyendo como postores por los S/24 mil millones, a empresas chinas con claras evidencias de corrupción, incumplimiento de contratos o inhabilitadas por malas prácticas.
“El 18 de diciembre pasado, en plena licitación del principal túnel de la Carretera Central, Provías le solicitó a los franceses de PMO (organizadores del concurso), un informe referente a los resultados de uno de los participantes de tal licitación, el “Consorcio China Harbour”, publicó Panorama.
Se alude al Oficio 1391-2025-MTC/20.15, dirigido por Mario Mateo la Torre (responsable interino de la Dirección de Gestión de Proyectos de Provías Nacional -PVN- ) a la comentada Egis.
“Lo curioso (o irregular) es que el solicitante de tal información fue el mismo participante que estaba siendo evaluado, el Consorcio China Harbour. ¿Por qué fue vital la información para la empresa china?”, era la interrogante.
“Tras recibir una solicitud de información que advertía irregularidades, PVN trasladó formalmente dicha comunicación a la PMO. El objetivo de este traslado fue que la oficina técnica se pronunciara sobre los cuestionamientos que señalaban la presencia de empresas inhabilitadas dentro de la lista de postores”, explica ahora Provías.
Se trataría de otra empresa china que incluso ha sido sancionada en el Perú por presentar documentos falsos: China Railway Tunnel Group Co. Ltd.
“PVN considera inaceptable que un equipo de asistencia técnica, considerado altamente especializado, incluya a empresas con tales antecedentes en una preselección. El rigor y la ética en la selección son pilares no negociables para la ejecución de obras públicas”, se indica.
Si el gobierno de Sagasti sabía de las irregularidades de Egis en el 2019, y para cancelarle el contrato Claudia Dávila, directora de Provías Nacional, utilizó un informe de la Defensoría del Pueblo que citaba lo de ese año; no se entiende por qué recién actúan invocando las cláusulas anticorrupción.
Los franceses han emitido un comunicado indicando que se reservan el derecho a “acudir a las instancias nacionales o internacionales con el fin de salvaguardar sus derechos e intereses”.
Paola Lazarte, exministra de Transportes, considera que el Estado peruano debe tener las pruebas públicas y otras para haber tomado esta decisión. De lo contrario, un arbitraje podría llevarnos a pagarle millonarias indemnizaciones a los franceses.
En Canal N indicó que también hay otros contratos por diferentes obras, como la Vía Expresa Santa Rosa (la cual se quiere construir en el Callao como acceso al aeropuerto Jorge Chávez, pero que no tiene estudio técnico aprobado).
“Lo que sí tenemos certeza, es en lo siguiente: el Perú acaba de abrirse un frente diplomático, pues no se resuelve el contrato a una empresa, sino a un Estado, y no se le imputa corrupción a una empresa, sino al Estado de Francia”, aseguró Lazarte.
El informe presentado por la Defensoría del Pueblo invocaba expresamente la cláusula 18.4, apartado (iv) del contrato de Estado a Estado suscrito con Egis, en el 2021 (cláusula anticorrupción). Pero había más irregularidades detectadas y comprobadas.
“La posibilidad de que el contratista haya incurrido en la causal resolutoria del contrato prevista en la cláusula 13.1.2, literales “c” y “d” del contrato de Estado a Estado suscrito con EGIS, de fecha 27.05.2021, debido a la falta de habilitación y colegiatura profesional de los especialistas que elaboraron el expediente final del estudio de perfil de la nueva carretera Central, así como del personal de EGIS y gerente del proyecto nueva carretera Central”, se lee en el documento.
Expreso advirtió “el robo del bicentenario”
En el mes de marzo de 2024, EXPRESO hizo público que el proyecto de la Nueva Carretera Central presentaba dificultades en su viabilidad, además que se tenía la certeza que su puesta en marcha iba a tener un costo mayor de lo proyectado, porque desde un inicio no tenía claras las complicaciones que presentaría en el camino. Finalmente, el tiempo nos dio la razón.
Desde un primer momento advertimos que la empresa designada para llevar a cabo esta vía principal para el centro del país, pertenecía al mismo grupo de empresas inmersas en procesos de corrupción observados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En su momento, incluso señalamos que podría tratarse de “el gran robo del bicentenario”, por todo lo que podría acarrear en el camino.
Evidentemente la carretera central construida hace más de un siglo (1924) ha colapsado. Hoy en día padece de serios problemas que se repiten año a año, como un caótico congestionamiento vehicular, caída de huaicos en temporada de lluvias, agresivas zonas de heladas, además –debido a su trazo sinuoso– es vulnerable a numerosos accidentes de tránsito, lo cual dificulta más su tránsito vehicular, por lo que el comercio y traslado de productos del centro del país a la capital resulta dificultoso y con muchas pérdidas económicas.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el propósito de evitar cualquier posible acto de corrupción, eligió a Francia entre otros países aspirantes (Japón, Corea del Sur, España) para que brinde la asesoría técnica al Perú, mediante la modalidad de Gobierno a Gobierno, para la construcción de esta megaobra que estaba proyectada en S/ 24 mil millones de soles.
Sin embargo, se hizo público también desde el inicio que la empresa francesa elegida pertenecía al mismo grupo en el que hay compañías inmersas en serios procesos de corrupción.
Pronunciamiento
En su momento, el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima (CIP-CDLIMA) emitió un pronunciamiento en el que expresaba su seria preocupación por las noticias relacionadas al anuncio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la inhabilitación de Egis Eau S.A.S. y Egis International S.A.S., hasta el 2 de enero del 2027, al haberse identificado “prácticas fraudulentas y corruptas” relacionadas con la supervisión de obras de agua y saneamiento en Panamá.
El CIP-CDLIMA aclaró que se oponía rotundamente a los contratos de Gobierno a Gobierno (G2G); teniendo en cuenta que se relegaba la ingeniería nacional, lo cual atentaba contra la transparencia, no demostrando rentabilidad de los proyectos, además de un manifiesto desconocimiento de nuestra geografía, evasión de procedimientos normativos del país; y no se constató la transferencia tecnológica realizada. “En el caso de EGIS, notamos un total “hermetismo”, que no nos permitió ejercer con propiedad nuestra representación en la ingeniería nacional’, precisó el documento en su momento.
No firmó el contrato quien ganó la buena pro
Otro detalle que se pudo advertir del análisis de toda la documentación en el proceso de evaluación y calificación de los proyectos: “La Nueva Carretera Central (NCC) y el Viaducto Santa Rosa”; los postores fueron: Los gobiernos de Corea del Sur, Francia, España y Japón.
Se otorgó la buena pro a Francia, representada por el consorcio EGIS/SETEC, conformado por las firmas EGIS INTERNATIONAL, EGIS VILLES ET TRANSPORTS, SETEC INTERNATIONAL Y SETEC TP, siendo su propuesta económica equivalente a 80 millones de euros, más elevada que otros dos postores; sin embargo, la propuesta económica solo incide en 20% de la calificación.
Los otros factores podrían ser considerados subjetivos, que le permitieron ganar a EGIS; por ello, consideraban que este proceso debía revisarse, y exigían saber qué criterios fueron tomados en cuenta, en salvaguarda de la economía del Estado peruano.
También señaló el Colegio de Ingenieros que el contrato de Estado a Estado se firmó el 27 de mayo el año 2021, de forma incorrecta, porque se realiza con la empresa EGIS VILLES ET TRANSPORTS, y no el Consorcio ganador EGIS/SETEC. También debe recalcarse que EGIS PERU S.A.C. inicia sus actividades después de haber ganado la buena pro, según Sunat en fecha 01.11.2021, con RUC: 20608665596. Más adelante EGIS VILLES ET. TRANSPORTS se denominaría también PMO-FRANCIA o PMO-VIAS, que figuran en los documentos técnicos.
Con esta inexactitud de la titularidad del contrato, el CIP consideró que debía investigarse ¿qué responsabilidades legales y contractuales tenía la empresa EGIS PERU S.A.C.?
Desde el 2017
En el mes de junio de 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuckzynki se publicó la Ley 30568, que declara de necesidad pública la modernización de la Carretera Central, y plantea el descongestionamiento de esta vía con la creación de la nueva autopista central Cieneguilla – Huaycán – La Oroya.
Beneficiados
De acuerdo a una publicación del reconocido ingeniero y experto en carreteras, Jorge Gutiérrez, resultaba sorprendente la existencia de cientos de denuncios mineros en el área donde se tenía previsto terminar el trazo propuesto para la Nueva Carretera Central, los cuales se verían beneficiados con el nuevo acceso vial. En esta zona se realizarían las principales operaciones mineras en la Sierra Central, específicamente entre Morococha y Yauli, lo que corrobora hacia dónde realmente llegaba ese trazo de la NCC.
Con información de Expreso
