El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el procedimiento disciplinario inmediato que creó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el año 2020 para casos de inconducta funcional flagrante y repercusión nacional o ante hechos que sin ser flagrantes, son de notorio y público conocimiento.
Esta decisión, de dos sentencias, implica que el proceso disciplinario inmediato es nulo y carente de valor legal. Las sentencias incluyen la constitucionalidad del procedimiento disciplinario abreviado, que se aplica a magistrados de primera y segunda instancia, sin que sobre este otro proceso el TC se pronuncie de forma específica.
Una decisión que favorece de inmediato a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi y a otros cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia a los que, el 27 de febrero último, se les notificó el inicio de un procedimiento disciplinario inmediato.
Ante la resolución del TC, la JNJ deberá seguir la investigación según el procedimiento disciplinario ordinario, previa investigación preliminar, hecho que era reclamado por la doctora Tello y los jueces supremos Edwin Corrales Melgarejo, Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Rosa Dávila Broncano.
Estas sentencias también vuelven nulos los procesos disciplinarios contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas; su hermana, la jueza superior de Lima, Enma Benavides Vargas y la fiscal superior titular de Lima, Azucena Solari Escobedo, entre otros.
Cuellos blancos
La sentencias del TC implica que se favorezcan todos los jueces y fiscales destituidos por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) comprendidos en el caso “Cuellos blancos del puerto”, es decir, César Hinostroza Pariachi, prófugo en Bélgica, y los fiscales supremos Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos y el actualmente candidato presidencial del movimiento político “Peruanos Unidos, Somos Libres”, Tomás Gálvez Villegas, entre otros.
Aunque con esta sentencias la JNJ puede iniciar nuevos procedimientos disciplinarios ordinarios, pero, los destituidos podrían solicitar su reincorporación al Poder Judicial o al Ministerio Público.
