La expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, nos ilustra cómo el TC ha prevaricado, pues advirtió que el TC, al fallar en el caso Cócteles, que comprende a Keiko Fujimori, ha vulnerado la Constitución, en su artículo 139.2, al interferir en un proceso en curso, pues “ninguna autoridad puede interferir en un proceso en giro”.
Dice dicho artículo: “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación de la Cámara de Diputados, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.”
“Sin embargo, el Tribunal, en pleno proceso en curso, ha decidido afectar esa investigación, incluso diciendo que no existe actividad delictiva y adoptando posturas que exceden sus competencias”, alertó Ledesma en entrevista realizada por RPP.
Precisó que el hecho, correspondiente al proceso que se sigue a Fujimori, alias “señora K”, por aportes ilegales en las campañas electorales de 2011 y 2016, genera un conflicto dentro del sistema de justicia y criticó la falta de coherencia del TC al tratar de manera desigual casos similares.
Explicó que el TC ha realizado “un control de legalidad sobre situaciones que no están bajo su competencia”, porque estas evaluaciones corresponden a los jueces ordinarios del Poder Judicial, con base en la actividad probatoria del caso.
Por ello, dijo, la decisión del TC ha generado un conflicto dentro del sistema de justicia: “Ahora los jueces enfrentarán la disyuntiva de decidir qué van a aplicar: ¿los criterios que ha fijado la Corte Suprema en la casación 617-2021 utilizada en el caso Humala —y que ha establecido una línea clara sobre el lavado de activos en su modalidad de conversión— o lo dicho por el Tribunal Constitucional en este caso?”.
Ledesma señaló que, según la Corte Suprema, “cualquier dinero que sea manchado configura la modalidad de lavado de activos de conversión”. Además, indicó que hay diversas formas de financiamiento —cuotas, donaciones, préstamos—, y que si se comprueba que esas contribuciones provienen de actividades delictivas, se configura el delito.
En ese contexto, criticó la falta de coherencia del TC al tratar de manera desigual casos similares: “A la mayoría de ciudadanos le dice no en todas estas historias”; no obstante, en el caso de Keiko Fujimori, en que hay intereses políticos presentes, se deja de lado toda la jurisprudencia —incluso todo lo que este mismo tribunal ha dicho en otros casos idénticos— y la atiende de una manera muy diferenciada”.
“Se utiliza la institucionalidad y el Tribunal Constitucional para interferir en juzgamientos o en decisiones del mismo sistema judicial. Y eso es peligroso”, advirtió y agaregó que esta “intromisión” haya generado un conflicto abierto entre el TC y la Corte Suprema: “Exista un choque de trenes que parte desde la Corte Suprema, que fija las líneas jurisprudenciales para tratar el lavado de activos en la modalidad de conversión, versus el Tribunal Constitucional que aparece acá calificando en un caso concreto, sin tener sobre todo las evidencias probatorias o las evidencias”.
La abogada concluyó señalando que será tarea de la Corte Suprema decidir si mantiene sus propios criterios en los casos de Humala, Villarán y, eventualmente, en el de Keiko Fujimori.
