El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, da un paso clave en la lucha contra la extorsión con la aprobación del Decreto Supremo N.° 007-2025-JUS, el cual permite a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) congelar administrativamente fondos o activos presuntamente vinculados a este delito.
El Decreto Supremo N.º 007-2025-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano, responde a la reciente modificación de la Ley N.° 27693. Esta norma, alineada con los acuerdos del Consejo de Estado de Seguridad Ciudadana 2024, permite a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) congelar de manera preventiva fondos o activos presuntamente vinculados a la extorsión, a solicitud de las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Con este nuevo marco normativo, tras la solicitud de la Policía nacional, la UIF-Perú analizará la información y, si considera que hay mérito suficiente, ordenará la inmovilización de los fondos, impidiendo cualquier retiro, transferencia o movimiento de los dineros sospechosos, evitando así que los recursos de origen ilícito sigan financiando actividades criminales.
Una vez inmovilizado el dinero, la UIF-Perú notificará al Poder Judicial, que deberá decidir en un plazo de 24 horas si convalida o revoca la decisión. Además, la Fiscalía podrá disponer la devolución de los fondos a las víctimas, siempre que se acredite que estos fueron obtenidos mediante actos de extorsión.
El congelamiento administrativo de activos es una estrategia utilizada a nivel internacional para frenar las finanzas del crimen organizado. Su implementación en el Perú busca atacar el problema de la extorsión desde su raíz, despojando a las mafias de los recursos que utilizan para operar.
Esta normativa se alinea con estándares internacionales, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que han instado al país a fortalecer sus mecanismos de control financiero para evitar el uso de dinero ilícito en actividades criminales.
Con esta norma el MINJUSDH incorpora en la lucha contra la criminalidad una herramienta jurídica que permitirá a los operadores de justicia disponer del dinero mal habido y devolvérselo a las víctimas, siempre que se acredite que estos fueron obtenidos mediante actos de extorsión.
