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Nora Olivé
El acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para ampliar el aeropuerto de Barcelona es una magnífica noticia o una catástrofe, según a quién se pregunte.
El proyecto lleva tiempo generando polémica, y la confirmación oficial puso de manifiesto las fuertes divisiones que provoca entre administraciones, empresarios, ecologistas y ciudadanos.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez y el gestor aeroportuario AENA celebran que la inversión de 1.700 millones de euros servirá para generar 83.000 empleos directos e impulsar dos puntos el producto interior bruto (PIB) de Cataluña.
Por otro lado, los ayuntamientos implicados, vecinos de la zona y colectivos ecologistas denuncian el previsible impacto ambiental de la nueva infraestructura: aumento de ruido, más emisiones contaminantes y consecuencias para el ecosistema.
En el centro de las preocupaciones están el entorno natural del Delta del Llobregat, sobre el que se asienta el aeropuerto, y la laguna de La Ricarda, protegida por la Unión Europea dentro de la red Natura 2000.
UNA GOLOSINA ECONÓMICA
La expansión del aeropuerto ubicado en El Prat del Llobregat (Barcelona) responde a la voluntad de AENA y los gobiernos español y catalán de incrementar el tráfico aéreo a 90 operaciones hora y a aumentar las conexiones directas con América y Asia.
Parte de la inversión se dedicará a construir una terminal satélite para vuelos de largo radio y alargar una de las pistas. También se pretende conectar Barcelona con los aeropuertos de Girona y Reus mediante dos nuevas estaciones de tren de alta velocidad.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, defendió este domingo en una tribuna en El Periódico que la creación de un «hub intercontinental» en Barcelona es «factor fundamental de atracción de talento, inversiones tecnológicas y eventos internacionales».
Sánchez reconoció las «controversias» que genera el proyecto en cuanto al impacto ambiental pero garantizó que estará «en la vanguardia del compromiso climático», una afirmación que suscribió el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, al prometer que «será el aeropuerto más verde de Europa».
Las élites económicas, patronales y sector turístico dieron la bienvenida a la inversión, que busca elevar los 52 millones de pasajeros anuales registrados en 2019 a más de 70 millones.
RECHAZO AL DESASTRE MEDIOAMBIENTAL
El presidente de Cataluña, Pere Aragonès, garantizó que la obra se hará con «respeto absoluto a las exigencias medioambientales de la Comisión Europea».
Sin embargo, dentro del Gobierno catalán hay voces críticas que cuestionan la decisión, especialmente dentro del partido del presidente.
Lo mismo sucede en el Ejecutivo español, donde algunos miembros de la formación progresista Unidas Podemos, que gobierna en coalición con el PSOE de Pedro Sánchez, expresaron sus reparos.
Una de los máximos detractores del proyecto es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lidera a nivel municipal el partido hermano de Podemos en Cataluña.
«Las únicas certezas que acompañan esta propuesta son que implica destruir la zona protegida de La Ricarda (aumentar emisiones), aumentar vuelos (aumentar emisiones) y aumentar 20 millones de pasajeros, básicamente turistas (aumentar emisiones)», reprobó la dirigente en un artículo para el diario El País.
Colau cree que la ampliación sólo será buena para la economía de «empresas y fondos» que «buscan el máximo beneficio a corto plazo» y acusó a los gobiernos impulsores de «mentir» con sus promesas de sostenibilidad, una tesis que apoya el alcalde de El Prat del Llobregat.
También hay división dentro del consistorio, donde Colau gobierna con los socialistas catalanes, que como aliados de Pedro Sánchez ven con buenos ojos la ampliación.
La noticia puso en pie de guerra a las organizaciones ecologistas y movimientos sociales, que ya preparan una movilización masiva en protesta para mediados de septiembre.
En un contundente comunicado, Greenpeace denunció la «incoherencia climática» de los gobiernos de España y Cataluña y reprochó su «falta de compromiso con el clima y el medioambiente».
Los defensores del medio ambiente confían en que la Comisión Europea, que está atenta a la situación en Barcelona, tumbe el proyecto por su afectación sobre el entorno protegido del Delta del Llobregat.
Bruselas advirtió a España que la legislación de la UE obliga a realizar estudios de impacto ambiental antes de iniciar cualquier proyecto con posibles implicaciones en el hábitat natural, y que las autoridades nacionales son responsables de aplicar las normas correctamente.
El objetivo es que la ampliación sea una realidad en 2030, siempre y cuando supere los informes de impacto medioambiental y las férreas objeciones dentro de las administraciones, aunque la discordia inicial apunta que no será un camino de rosas.
Con información de Sputnik
