Los peruanos más pobres no cuentan con atención médica
Herberth Cuba García
Hace unos días, el Colegio de Enfermeros me invitó a conversar sobre la accesibilidad de los servicios de salud. Nuestra disertación se basó en el análisis de los supuestos que se encuentran en los principios rectores de la actual Reforma de Salud, que se implementa desde el 2009 —año en que se promulgó la Ley Marco de Aseguramiento Universal— hasta la fecha. Es decir siete años y dos gobiernos. El primer gobierno en modo muy silencioso y en el segundo con mucho aspaviento y con facultades especiales para legislar, con el objetivo de asegurar la continuidad del proceso de reforma, para cuyo fin se promulgaron 23 decretos legislativos.
La premisa fundamental es que el dinero no alcanza para dar atención médica a todos. Además es necesario maximizar el uso del dinero, de tal manera que se obtenga el mayor beneficio social. Es decir, dar atención médica al mayor número de personas y para la mayor cantidad de enfermedades. Eso parece lógico, pero es injusto. Estas consideraciones generan tres escenarios: i) No se habla de personas con nombres y apellidos. La referencia es a una masa humana. Atender al mayor número de personas. ii) Hay un listado de personas incluidas en los beneficios y otro de excluidas de atención médica. iii) Existe un plan de beneficios (número y tipo de enfermedades cubiertas).
La inclusión, significa, estar en un listado y beneficiarse hasta un tope de enfermedades (daños), y no de todas las enfermedades a las que una persona podría estar expuesta. La injusticia salta a la vista cuando se refiere a casos concretos y se les ponen nombres y apellidos, biografía y contexto a las personas enfermas. Aparece el drama y el dolor. El sistema construido bajo esos principios no sirve al ciudadano enfermo. Las normas creadas ponen al ciudadano en un juego del azar. No tengo seguro médico ¿qué hago?¿Cubrirá o no cubrirá mi enfermedad este seguro? ¿Toda la enfermedad o solo el diagnóstico? ¿También las complicaciones?
Sin embargo, existe el derecho humano fundamental a la salud de todos los peruanos, amparado en la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿es lícito que personas que requieren atención médica vean agravada su enfermedad o mueran porque la intervención del Estado se basa en el reconocimiento expreso de que no es posible atender a todos? La respuesta es no. Ningún ciudadano debería quedar al margen de la atención médica.
La maximización de los beneficios por cada moneda gastada en salud debe ir acompañada con el respeto y defensa de los Derechos Humanos de cada uno de los peruanos. Es decir, la masa humana como conglomerado debe ser transformada en ciudadanos individuales con nombres y apellidos y con derechos. Sin embargo, el Núcleo Ejecutor de la mal llamada Reforma de Salud ha plasmado este enfoque, inhumano y excluyente, en todas las normas que ha promulgado el Gobierno desde el año 2009.
Los cuestionamientos por la violación de los Derechos Humanos relativos a la salud, los llamados de los pobladores a los medios de comunicación para que intercedan ante personas filántropas para curarse, la exigencia ciudadana —incluso por vía judicial— para que el gobierno cumpla con su función constitucional, reflejan el nivel de rechazo a esta errada política de salud.
Además, existe un serio cuestionamiento por la falta de acceso a los servicios de salud. La accesibilidad se define como el poder de la población para utilizarlos. Y hay que remarcar que ese poder es un atributo de los usuarios. Pero este poder se ve mellado no solo por las tres conocidas barreras —es decir, las geográficas, económicas y sociales—, también por la mentalidad sanitaria y el rol del gobierno en la aplicación de la igualdad equitativa en el subsidio de la accesibilidad. Estos conceptos están ausentes en la cuestionada Reforma de Salud.
El Núcleo Ejecutor solo ha pensado en la disponibilidad de uso y en el financiamiento de las prestaciones. Ha excluido el traslado de los enfermos, la compensación económica por el tiempo que dure la enfermedad y la convalecencia, la alimentación y apoyo al familiar a cargo, y la entrega de dinero para evitar que la familia se empobrezca aún más. Este olvido, ha convertido en inaccesible la atención médica de los peruanos más pobres y, sobre todo, de los que viven en la zonas más alejadas. El gobierno tiene la obligación de intervenir con igualdad equitativa en las prestaciones sanitarias, sociales y económicas. Y además, debe garantizar el irrestricto cumplimiento del secreto profesional y la confidencialidad por parte de todos los servidores de salud. Es decir, por lo menos seguridad social universal en salud.
¡Es necesario que a partir del 28 de julio, el nuevo gobierno reforme esta Reforma de Salud!
