Por Herberth Cuba García
Debe primar el razonamiento moral, no el mercantil
Los procesos de cambio y transformación en las instituciones de salud poseen atributos visibles que a veces en otras instituciones pasan desapercibidos. El primero de ellos tiene que ver con la moralidad del mercado y el segundo con la justicia. El primer atributo plantea la moralidad de algunos incentivos económicos que aplican los decisores políticos para lograr objetivos eficaces y eficientes. El otorgamiento de incentivos económicos —para cambiar costumbres, hábitos o estilos de vida, o para preservar la salud— implica, algunas veces, introducir reglas en el mercado hasta niveles que colisionan con el comportamiento moral y las buenas costumbres.
El filósofo Michael J. Sandel se ha preguntado si el dinero lo puede comprar todo, y ha investigado sobre los límites morales del mercado. Plantea, además, la diferencia entre la economía de mercado y la sociedad de mercado. “La diferencia es esta: una economía de mercado es una herramienta —una herramienta valiosa y eficaz— para organizar la actividad productiva. Una sociedad de mercado es una manera de vivir en la que los valores mercantiles penetran en cada aspecto de las actividades humanas”. Esta diferencia sustancial exige, en los procesos de cambio y diseño organizacional de la sociedad, la distinción entre el razonamiento mercantil y el razonamiento moral.
Los ejemplos más conocidos son si se debe dar un incentivo por la donación de sangre o de órganos, para la participación en la compra venta de espacios en las listas de espera, por la exposición de la intimidad, a las farmacias por la venta de sus productos o a los médicos por sus prescripciones, entre otros muchos casos. La pregunta reiterativa de los hacedores políticos a los economistas es ¿cómo logramos para que la gente haga tal o cual cosa? Es decir, existe la creencia que el economista tiene la solución a través de un incentivo económico para modificar la conducta y el comportamiento moral de la gente. Muchos cambios “propuestos” implican cruzar la raya roja de la moralidad.
El segundo atributo se refiere a la justicia. Según el filósofo y pensador John Rawls “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Y agrega que “cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar.” Y claro, la inviolabilidad de las personas se entiende como el ejercicio irrestricto de los derechos humanos. Es decir, las normas legales. Ni los gobernantes ni los propios ciudadanos pueden atropellar los derechos humanos de una persona en aras de la mayoría, del mayor bien, de la seguridad del Estado u otra justificación. Además, las decisiones que tomen estas instituciones sobre cada una de las personas tienen que ser justas.
Por ejemplo, la división entre salud pública (colectiva) y salud individual es artificial, creada por la ideología de la sociedad de mercado porque ha suprimido el razonamiento moral en las relaciones humanas en el proceso de la salud. Es decir, no se ha tomado en cuenta la moralidad y la justicia, los resultados de la investigación científica, y tampoco el rol de la promoción de la salud, de las eficaces medidas de prevención y curación de las enfermedades. El caso más ilustrativo son las enfermedades crónicas y degenerativas. La diabetes y la hipertensión arterial han sido consideradas por mucho tiempo, y en modo equivocado, como componente de la salud individual. Es decir, cada ciudadano debería enfrentarlas por su cuenta y riesgo, sin la participación del gobierno, ni del Estado.
Sin embargo, ahora, todo el mundo sabe que la eficacia y la eficiencia de las intervenciones para lograr su prevención o curación dependen de las acciones de salud pública, estilos de vida saludables, acciones en los determinantes económicos, sociales, culturales y en la atención primaria de salud. Es decir, es necesario el rol del Estado, de los diferentes niveles de gobierno y del propio ciudadano.
La ideología ha caído por el principio de la realidad y el resultado de los avances científicos. Sin embargo, el abordaje del gobierno sigue anclado en el pasado y mantiene sus estructuras organizacionales acorde a esa ideología. Como, para mencionar la más obvia, la persistencia separada dentro del Ministerio de Salud de los viceministerios de Salud Pública, por un lado y el de las prestaciones por el otro.
El Ministerio de Salud ha propuesto el rediseño organizacional a través de las Redes Integradas de Salud (RIS), que involucran no solo a los centros y puestos de salud, sino también a los hospitales. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República tienen un enorme reto. Sin embargo, ningún cambio será sostenible si no es ajustado al razonamiento moral, no solo al mercantil. Además los cambios deben ser justos y respetar de manera irrestricta el derecho a la salud, componente esencial de los derechos fundamentales de todos los habitantes del nuestro país.
24 de agosto del 2018
Asociación Médica Peruana
