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La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, se unió al llamado de expertos de la ONU a imponer una moratoria a la venta de tecnologías de vigilancia que violan los derechos humanos.
«Es hora de hacer una pausa. Como ya enfatizaron los expertos en derechos humanos, hasta que se pueda garantizar el cumplimiento de las normas de derechos humanos, los gobiernos deberían imponer una moratoria a la venta y transferencia de tecnologías de vigilancia», dijo Bachelet en un comunicado sobre las implicaciones del programa espía Pegasus de la empresa israelí NSO Group.
Según la alta comisionada, esta pausa permitirá a los estados impulsar marcos legales que garanticen la privacidad, así como trabajar en un régimen de control y exportación de tecnologías de vigilancia ilegal que supone un «efecto escalofriante» para las libertades públicas y los principios de la democracia y, en particular, puede contribuir a la detención arbitraria, la tortura e incluso a las ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, destacó la necesidad de «hacer mucho más para garantizar un régimen global de control y exportación con transparencia» de las herramientas de vigilancia digital, ya que la falta de transparencia con respecto a cómo se desarrollan, compran, venden y utilizan es «un obstáculo clave en el camino para abordar los riesgos de estas tecnologías».
Asimismo, Bachelet instó a los estados a realizar investigaciones imparciales sobre los casos de vigilancia selectiva.
«Cada vez que los estados consideran el uso de tecnologías para servicios o funciones gubernamentales, deben trabajar junto con la sociedad civil, incluidos los grupos marginados y los que tienen más probabilidades de verse afectados, tanto para identificar los riesgos como para abordarlos», agregó.
El pasado 18 de julio, una investigación realizada por 17 medios de comunicación, con la colaboración de las ONG Forbidden Stories y Amnistía Internacional, hizo pública la información sobre el programa espía Pegasus.
Según las publicaciones, esa herramienta fue adquirida por clientes de al menos 11 países, entre ellos Arabia Saudí, Azerbaiyán, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos, Hungría, la India, Kazajistán, Marruecos, México, Ruanda y Togo.
Los autores de la pesquisa accedieron a una lista de más de 50.000 números de teléfono que habrían sido identificados como de personas de interés por clientes de la compañía israelí.
La investigación ha logrado identificar a un millar de supuestas víctimas del programa Pegasus, incluidos jefes de Estado, activistas y periodistas.
Según informan los medios implicados en la investigación periodística, Pegasus es capaz de acceder al micrófono y la cámara del teléfono, así como a los datos guardados en las nubes, por ejemplo, a la completa historia de los desplazamientos de la persona, sus mensajes y fotos.
Con información de Sputnik
