Germán Alarco Tosoni*
Son los calificativos que el editorial del decano de la prensa nacional asignó a quienes estamos en contra de la ley laboral juvenil. Su argumento central fue que si predomina la contratación laboral informal no hay que preocuparse en que se reduzcan derechos a los trabajadores, porque la mayoría no los tiene. Lo que se busca —dice el diario— es hacer más barata la contratación para que algunas personas pasen a tener algunos derechos. Entonces, se trataría de la ley del peor es nada bajando estándares. Sin embargo, esta posición contrasta con la del último director miembro de la familia de los dueños del medio quien en columna titulada “Igualdad ante todo” señaló que el reto es como superar la economía informal pero sin recortar derechos, porque ello es discriminación que afecta al principio de igualdad.
No sabemos si al momento en que se publique esta columna la ley se derogue o modifique. Lo que es claro es que el fin de semana se dio a conocer una encuesta con un 75.2% de representatividad de la población electoral urbana donde se muestra que 31% quiere que sea derogada y 55% modificada. Asimismo, 51% señala que la ley no animará a que las empresas formalicen empleos y 44% que no logrará que los jóvenes de menos recursos tengan más capacitación.
La forma en que conceptualizan el tema quienes defienden esta ley está desenfocada.
El conductor de “La Hora N” escribió que lo central es cómo hacemos para reducir la altísima tasa de informalidad laboral y empresarial. Frente a esto, la pregunta debería ser: ¿cómo generamos empleo juvenil y empleos en general que contribuyan a mejorar condiciones de vida? Al respecto, ninguna ley laboral tenderá a formalizar ya que en todas las circunstancias las prestaciones y derechos que se pagan serían siempre superiores a los informales. Se sustituiría trabajadores actuales por otros más baratos. Asimismo, la contratación depende más de si la economía crece que si se reducen salarios. La informalidad se combate con una combinación de recursos y apoyo a las MYPES y una acción enérgica de la SUNAFIL en las pequeñas, medianas y grandes empresas del país.
La ley laboral juvenil no solo es discriminatoria e inefectiva sino dañina ya que conjuntamente con los regímenes laborales de excepción reduce el peso de la masa salarial sobre el producto, lo cual afectaría negativamente la demanda y el PBI por los efectos negativos sobre el consumo y la inversión. No hay efectos negativos de los mayores salarios sobre las exportaciones en la medida en que su participación es pequeña o está sujeta a esos regímenes excepcionales. Reducir ingresos laborales es como matar la gallina de los huevos de oro cuando la demanda externa flaquea. Los salarios no solo son un costo, son también demanda.
*Profesor Universidad del Pacífico
Diario Uno, 23.01.2015
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