Editoriales deberán publicar precios de textos escolares en portal del ministerio de Educación

Editoriales deberán publicar precios de textos escolares en portal del ministerio de Educación

También librerías y ferias.

Todas las editoriales del Perú deberán publicar en la web del Ministerio de Educación la relación completa de textos que ofrecerán este año y sus precios para evitar posibles negociados entre editoriales y colegios en perjuicio de los padres de familia, informó hoy ese portafolio.

El representante legal de la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos (Cader) del sector Educación, Gabriel Quevedo, señaló que de la misma manera deberán acreditarse y consignar su dirección en el citado portal web los establecimientos de venta de útiles escolares, como librerías, tiendas, ferias escolares, entre otros.

Precisó que, además de registrarse en el ministerio, las editoriales podrán publicar las ofertas que pudieran considerar para los textos que venden, como descuentos en compras al por mayor o de otro tipo, pero deberán respetar lo publicado en el portal.

“Con esa información los padres de familias podrán conocer con exactitud cuánto cuesta un determinado texto y dónde comprarlo al mejor precio. Y ello les permitirá elaborar mejor su presupuesto en el rubro educativo”, dijo en diálogo con la Agencia Andina.

Cada editorial y punto de venta tendrá un código asignado por el ministerio para su rápida identificación por las autoridades, agregó. La información del portal estará disponible las 24 horas y todos los días del año.

Explicó que la puesta en marcha de este mecanismo virtual de transparencia en la información está contenida en el proyecto de reglamento de la Ley de Protección al Consumidor, referida a las prácticas abusivas en la compra de textos escolares.

Refirió que esta propuesta normativa fue publicada el 07 de enero de este año en el portal del Ministerio de Educación y recibirá sugerencias para su mejoramiento hasta el 15 de enero.

Luego de ese plazo, el ministerio publicará el reglamento e implementará antes del inicio del año escolar -el 01 de marzo- la plataforma virtual que consignará los datos señalados para la fiscalización y control por parte de las autoridades y los padres de familia.

Quevedo indicó que si bien no se ha mencionado en el proyecto de reglamento el plazo para la acreditación de las editoriales y lugares de venta, así como la publicación de la lista de libros, sus precios y las direcciones, se espera tenerlo definido en la oficialización de la norma.

Quienes infrinjan este sistema de transparencia, fiscalización y control podrán ser denunciados ante el Cader, que cuenta con la línea gratuita 0-800-13687 que atiende de lunes a viernes.

“Si la denuncia corresponde a colegios privados o de gestión privada (parroquiales) será atendida por el Indecopi, y si es contra colegios públicos será vista por el Ministerio de Educación, en Lima, y por las Direcciones Regionales de Educación, en provincias”, aclaró.

Las sanciones administrativas previstas por el Código del Consumidor, aplicables a las editoriales y lugares de venta van desde las 50 UIT (182 mil 500 soles) hasta las 450 UIT (un millón 642 mil 500 soles), dependiendo si la infracción es leve, grave o muy grave.

En el caso de las microempresas, la multa será equivalente al diez por ciento de sus ventas o ingresos brutos, mientras que para las pequeñas empresas será el 20 por ciento de sus ventas o ingresos brutos, según el código.

Si las denuncias son contra los colegios públicos, se iniciará, previa comprobación de la irregularidad, proceso administrativo del director, docente o personal administrativo, según las normas que regulan su régimen laboral (Ley del Profesorado, Ley de Carrera Pública Magisterial o Ley de la Carrera Administrativa).

Estas sanciones se darán sin perjuicio de las acciones penales que pudieran tomarse según la gravedad de la infracción.

En el caso de los directores o profesores que condicionen la matrícula o la permanencia del alumno a la compra de determinados libros, el delito cometido sería por abuso de autoridad, que se sanciona con una pena no mayor de dos años de prisión.