La Comisión Europea y los Estados de la Unión Europea (UE) se han enfrentado de nuevo debido a la publicación del dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA en sus siglas inglesas) sobre la nueva autorización del maíz modificado genéticamente MON 810 de Monsanto, un peligroso maíz insecticida cuyo cultivo mayoritario se produce en España.
Doce Estados de la UE han expresado recientemente su enorme preocupación acerca de la seguridad de este maíz transgénico y seis han prohibido su cultivo en sus respectivos territorio.
Científicos independientes han protestado por los graves defectos del informe de solicitud presentado por Monsanto y sobre la calidad del trabajo de la EFSA. En un movimiento sin precedentes, 18 ministros de 12 países de la UE enviaron una carta a la EFSA en la que exponían sus preocupaciones científicas sobre los efectos del maíz MON 810 en determinadas especies de insectos. Incomprensiblemente, la opinión publicada por la EFSA muestra que estas evidencias no se han tenido en cuenta.
En diciembre de 2008, los ministros de medio ambiente de la UE por unanimidad pidieron una revisión del proceso de autorización de los cultivos transgénicos y una mejora sustancial en la manera en que la EFSA evalúa los impactos de estos cultivos en el medio ambiente y en la salud. Lo sorprendente es que la propia EFSA reconoce que actualmente no está en una posición de evaluar los efectos a largo plazo de los cultivos MG, como requiere la legislación europea. La Comisión ha dado un plazo a la EFSA hasta abril del 2010 para que mejore su capacidad para evaluar los impactos a largo plazo.
"¿Cómo puede la EFSA presentar una opinión positiva sobre el MON 810 cuando públicamente a reconocido su incapacidad para determinar los impactos a largo plazo de los cultivos transgénicos?", se ha preguntado Carrasco.
Greenpeace exige a la Comisión Europea que tome en cuenta las evidencias científicas sobre los impactos negativos en el medio ambiente y los efectos socioeconómicos del maíz MON810. Ningún cultivo transgénico debería ser autorizado hasta que el proceso de evaluación de riesgos se mejore y hasta que la EFSA esté preparada para evaluar el conjunto de impactos de los cultivos transgénicos.
Paralelamente, seis personas del colectivo Som Lo Que Sembrem permanecen en huelga de hambre a las puertas Parlamento de Cataluña en Barcelona para exigir al PSC, al PP y a CiU que retiren las enmiendas a la totalidad a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada con el aval de 106.000 personas, 61 municipios y 4 comarcas. Esta ILP tiene, entre otros objetivos, declarar Cataluña Libre de Transgénicos y prohibir nuevas aprobaciones de transgénicos. "A la vista de las incertidumbres medio ambientales y sanitarias y de las zonas de sombra en el proceso europeo de aprobación de transgénicos, el Parlamento catalán tiene el deber más que nunca de recoger el encargo de la sociedad y admitir esta ILP a debate", ha añadido Carrasco
