Especialistas en Bioseguridad debatirán posibles daños de transgénicos no autorizados
Ante la falta de operatividad en Aduanas para aplicar la Ley de Prevención de Riesgos derivados de la Biotecnología tras comprobar el ingreso de transgénicos no autorizados a nuestro país por la frontera norte, el grupo técnico sobre Bioseguridad, impulsado por el Ministerio del Ambiente y que pertenece a la Comisión Nacional de Diversidad Biológica, CONADIB, ha hecho sentir su preocupación y anunció que analizarán los posibles daños que estos transgénicos pueden causar a la salud humana.
“Esta agrupación, en su primera reunión de coordinación, también se manifestó a favor de considerar dentro de la Ley 27104 a la biotecnología, en un sentido amplio y no tan solo orientada a la biotecnología moderna, que regula la manipulación de transgénicos”, sostuvo el consultor en bioseguridad del Ministerio del Ambiente, Santiago Pastor.
Plan Nacional de Acción Ambiental
Entre los acuerdos de este importante grupo técnico destaca la formación de dos subgrupos: uno para trabajar en el Plan Nacional de Acción Ambiental, y otro en la elaboración de las posiciones de negociación internacional del Perú, en el marco del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad.
Los especialistas estudiarán los artículos 18 y 27 del mencionado protocolo, que están referidos a la manipulación, el transporte, el envasado y la identificación de transgénicos; así como al principio de responsabilidad y compensación.
Los diversos especialistas de estas instituciones se encargarán de elaborar posiciones de negociación que serán anunciadas en la Conferencia de las Partes sobre la Convención para la Diversidad Biológica, a realizarse en 2010 en la ciudad de Nagoya, Japón.
En esta esperada reunión mundial se tomarán decisiones importantes sobre la forma de establecer un mecanismo eficaz para determinar la responsabilidad por la contaminación causada por los transgénicos.
“El grupo priorizará posiciones sobre el principio de Responsabilidad y Compensación del Protocolo de Cartagena, que en su artículo 27 señala que las industrias, empresas y Estados que con intención hayan permitido el ingreso y comercialización de transgénicos en un país, tendrán la responsabilidad de indemnizar a la población afectada por los daños causados ante el ingreso de los transgénicos no autorizados de un país a otro”, señaló el especialista Santiago Pastor.
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