Maíz transgénico: farsa y violencia
Silvia Ribeiro*
Afines de 2009 el gobierno mexicano autorizó la siembra experimental de maíz transgénico en 12.7 hectáreas, rompiendo una moratoria de más de 10 años, a favor de las trasnacionales Monsanto, DuPont (propietaria de Pioneer Hi-Bred) y Dow. En 2010, sin tener los resultados de su supuesta experimentación, aceptó otra veintena de solicitudes de las mismas trasnacionales, a las cuales se agregó Syngenta. Las nuevas solicitudes para siembras experimentales de maíz transgénico, están en consulta pública, otro eufemismo gubernamental, ya que las opiniones críticas son ignoradas.
Si le parece que 12.7 hectáreas de las solicitudes aprobadas en 2009 no es mucho, imagine un metro cuadrado y piense que son más de 120 mil metros cuadrados, en apretadas filas de miles de plantas manipuladas genéticamente, cada una de las cuales emite polen suficiente para contaminar muchas más. Las nuevas solicitudes pretenden ocupar más de mil hectáreas, o sea, más de 10 millones de metros cuadrados.
Lo cual va en contra de la evidencia que existe de producción real, según estadísticas oficiales sobre decenas de miles de hectáreas y 13 años de cultivos comerciales en Estados Unidos, que muestran que 75-80% del aumento de producción de maíz en ese país se debió a enfoques agronómicos no transgénicos. (Failure to Yield, Union for Concerned Scientists, 2009). Plantar transgénicos no aumenta la producción sino que la detiene. La semilla es hasta 35 por ciento más cara y al estar patentada, la contaminación se convierte en un delito para las víctimas. También está ampliamente demostrado que el maíz transgénico inexorablemente contamina otras variedades. En Estados Unidos la contaminación se ha difundido de tal manera por todo el país, que hasta se ha encontrado en los paquetes de semilla etiquetados como no transgénicos.
La razón por la que Estados Unidos y unos pocos países los plantan (en más de 170 países no están autorizados) no es que los transgénicos ofrezcan algo mejor, sino que Monsanto y algunas de las otras cinco trasnacionales que monopolizan las semillas, controlan de tal modo el mercado (y/o los gobiernos), que los agricultores no tienen elección.
Buscan que todo esto se replique en México. Pero aquí la contaminación transgénica del maíz implica muchos otros temas, aún más graves. México es el centro de origen del maíz y el cultivo está en el centro de las economías y autonomía de las culturas milenarias que lo crearon. El maíz integra la dieta cotidiana de la gran mayoría de la población, urbana y rural, por lo que los impactos sobre la salud se multiplican como en ningún otro lugar. La vasta mayoría de la población del país, desde artistas e intelectuales a científicos y campesinos, se oponen a su liberación. Los argumentos para ellos son numerosos, diversos y sólidos.
Por otro lado, haga usted una búsqueda electrónica para ver quiénes defienden la siembra de maíz transgénico en México. Todos, empezando por Agrobio México, fachada de las transnacionales de transgénicos, tienen vinculación directa o indirecta con esas empresas. Todos reciben o han recibido dinero y favores de éstas, sean académicos, directivos de organizaciones de agricultura industrial, funcionarios o asesores que están en la maquinaria de la bio(in)seguridad en México, incluido el propio secretario ejecutivo de la comisión de bioseguridad (Cibiogem).
La siembra de maíz transgénico en México es una imposición del gobierno, contra los intereses del país y a favor de unas pocas transnacionales. Ni siquiera cumplen las leyes que ellos mismos diseñaron ni esperan a desplegar la farsa de resultados positivos de sus experimentos. Intentan que la gente de campo y ciudad se acostumbre también a esta forma de violencia, que crea que no hay nada que hacer.
Muy por el contrario, la Red en Defensa del Maíz, integrada por cientos de comunidades indígenas y campesinas, en conjunto con la Vía Campesina y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales denunciaron en marzo pasado esta farsa, asentaron que el maíz transgénico en Mesoamérica es un crimen de lesa humanidad, que las trasnacionales y el gobierno quieren pisotear 10 mil años de historia colectiva y que su meta es robarnos el futuro a todos y todas. Están construyendo un caso colectivo para denunciar este crimen en tribunales internacionales, pero sobre todo, seguirán ejerciendo la defensa territorial del maíz, desde las asambleas, comunidades y organizaciones, informando los riesgos, conservando e intercambiando sus semillas, no dejando plantar maíz de programas de gobierno. La violencia impuesta existe y crece, pero también la experiencia de más de 500 años de resistencia.
*Investigadora del Grupo ETC, La Jornada
