Trabas burocráticas de municipalidades retrasan instalaciones de gas domiciliario en Lima e Ica

Empresas concesionarias podrían enfrentar costos administrativos que superarían los S/. 4 238 250  para cumplir meta de 455 000 conexiones.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), reveló que las empresas de distribución de gas natural de uso doméstico han debido  gastar en promedio más de S/. 60 000 para obtener la autorización municipal por un proyecto estándar de instalación de redes domiciliarias, postergando el  acceso de este servicio a más familias y posiblemente afectando la competitividad en el mercado de los combustibles de uso doméstico.

 De acuerdo con el estudio “Identificación de disposiciones de la Administración Pública que afectarían a la inversión privada en el sector de gas natural”, elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI, en coordinación con las empresas Cálidda S.A. y Contugas S.A.C., concesionarias de la distribución residencial de gas natural en Lima Metropolitana y la región Ica, el mayor costo burocrático está relacionado al cobro de tasas municipales en función de los metros lineales de las obras.

Para la autorización del tendido de redes de gas natural se identifican, principalmente, dos potenciales barreras: incumplimiento del Silencio Administrativo Positivo (SAP) en 5 días, según normas vigentes; y el cobro para la autorización por metro lineal o por tamaño de la red.

Debido a esta situación, por ejemplo, el costo administrativo para obtener la autorización municipal correspondiente a un proyecto estándar de 8 000 metros lineales costaría S/. 60 899.

Si se tiene en cuenta que en este sector la meta es instalar 455 000 conexiones domiciliaras de gas natural para el 2016, que implican un tendido de alrededor 5 651 km de red, en Lima Metropolitana, la empresa Cálidda S.A., podría enfrentar un costo burocrático municipal de S/. 4 238 250. Asimismo, el retraso por el incumplimiento del SAP demoraría proyectos planificados por los inversionistas, afectando aproximadamente US$ 20 000 000 en infraestructura.
 
El análisis del costo económico se realizó sobre la base de la información proporcionada por las empresas concesionarias, correspondiente al ámbito de actuación de 10 municipalidades distritales de Lima Metropolitana (Chorrillos, Jesús María, Miraflores, San Isidro, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo) y en la región de Ica (Chincha Alta y Nazca).

Estos costos retrasarían el acceso a una fuente de energía más limpia y segura, principalmente para el uso doméstico, a 68 120 hogares. Las trabas posiblemente también afectarían la competencia de combustibles alternativos en el mercado ya que se limita la disponibilidad de variedades para las familias sobre la toma de una mejor decisión de compra.

Este es el tercer observatorio que se elabora sobre disposiciones de la administración pública que afectarían la inversión privada en determinados sectores económicos. El primero estuvo referido al sector comercio (productos de salud, cosméticos e higiene) y el segundo al sector de telecomunicaciones.

Este estudio se ha puesto en conocimiento de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, la misma que viene realizando una serie de acciones. Así, cinco municipalidades (algunas que forman parte de este observatorio) han dispuesto la eliminación de ocho barreras burocráticas en lo que respecta a procedimientos relacionados al servicio público de gas natural.
 

Por ejemplo, la Municipalidad Provincial del Callao y las comunas distritales de La Victoria, Magdalena del Mar, La Perla, Miraflores y San Isidro ya se habrían adecuado a lo dispuesto en los artículos 4º, 5º y 6º del Decreto Legislativo Nº 1014, modificados por la Ley N.° 30056 que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresaria, así como a lo señalado en el artículo 41º de la Ley del Procedimiento Administrativo General N.º 27444.

Además, en febrero se iniciaron procedimientos de oficio contra los municipios de San Isidro y Jesús María, debido a que se verificó que el primero estaría contraviniendo lo dispuesto en los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444 y el numeral 6) del artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1014, modificado por el artículo 5º de la Ley Nº 30056, y el segundo solo la última norma indicada.

En tanto, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas ha verificado que las municipalidades de San Isidro, Chorrillos, Jesús María, Miraflores, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo vendrían exigiendo requisitos, derechos de tramitación, así como plazos y silencios administrativos que presuntamente vulnerarían lo dispuesto en los artículos 4º y el numeral 6) del artículo 6º del Decreto Legislativo N.º 1014, los artículos 39.º, 41.º, 44.º y 4.5º de la Ley N.º 27444, en diversos procedimientos relacionados al servicios público de gas natural.