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Tomás Lobo
A más tardar en septiembre próximo, El Salvador al fin tendrá su anhelada Ley de Agua, pero lo que debería ser una buena noticia ha dividido por enésima vez a esta nación centroamericana.
El recién presentado anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos genera recelo entre organizaciones que hace años luchan por el reconocimiento constitucional del derecho humano al agua, y que notan con preocupación ciertas ventanas a la privatización.
La propuesta fue hecha por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien dejó claro que la sancionaría en menos de 90 días, siempre y cuando la normativa resultante sea fiel a la esencia de reconocer al agua como un bien de uso público.
Con el control oficialista de la Asamblea Legislativa, la eventual promulgación de la ley de marras es casi un hecho, lo cual marcaría un nuevo hito para esta administración.
Según su borrador, esta iniciativa rescata varios puntos medulares de la Ley General de Aguas presentada hace 15 años por grupos de la sociedad civil, bloqueado por la mayoría derechista en la Asamblea.
Dichas fracciones, encabezadas por la oligárquica Alianza Republicana Nacionalista (Arena), propusieron una Ley Integral de Aguas que ponía la administración del recurso en manos de la empresa privada.
Si bien ambas propuestas fueron archivadas por la legislatura que asumió el pasado 1 de mayo, varios colectivos alertan que la nueva iniciativa se parece más a la presentada por la derecha, que a la defendida por la izquierda y los movimientos sociales.
BRECHAS A LA PRIVATIZACIÓN
De acuerdo con la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la propuesta del Ejecutivo facilitará los permisos para el uso y aprovechamiento del agua a entidades privadas por un período de hasta 30 años.
El artículo 61 del anteproyecto establece que la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que será creada para administrar el recurso, otorgará permisos a instituciones públicas y privadas por hasta 15 años, con posibilidad de ser renovados.
«El proyecto aparta la participación de las personas y la contraloría que la actividad ciudadana representa, haciendo la ASA un autorizador de permisos vertical», dijo la activista ambiental Amalia López en una conferencia de prensa sobre el tema.
Carlos Flores, activista del llamado Foro del Agua, reconoció que la propuesta de Bukele rescata diversas herramientas planteadas desde las organizaciones sociales, y valora el reconocimiento del agua como bien nacional de uso público.
Sin embargo, Flores señaló que excluye elementos fundamentales y agregó que, de ser aprobada tal y como está, generaría una gestión del agua centralista, vertical y sin acceso a la contraloría social y el escrutinio ciudadano.
DEMANDA SOCIAL
Para que la ley sea justa y equitativa, los movimientos sociales exigen que el agua sea una bien de uso y administración pública, con la participación efectiva de la sociedad, una gestión sustentable de las cuencas hidrográficas, y garantías de saneamiento.
Al presentarla, el presidente Bukele aseguró que la Ley de Recursos Hídricos busca saldar una deuda histórica del país e impedir la privatización del agua.
«Estoy seguro que nueva Asamblea (sic) podrá aprobar una ley integral, que realmente beneficie a la población y garantice el agua como un derecho humano, en no más de 90 días», publicó el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter.
Sin embargo, la bancada del oficialista partido Nuevas Ideas y sus aliados rechazaron el pasado 11 de mayo una iniciativa de la oposición para ratificar el reconocimiento del derecho humano al agua, aprobado el 15 de octubre de 2020.
ESCENARIO COMPLICADO
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), factores como el cambio climático, la sobreexplotación y la mala gestión del agua, provocaron que los acuíferos más estratégicos del país bajen de medio metro a un metro cada año.
A su vez, más de 90 por ciento de las aguas superficiales están contaminadas por el uso de químicos en la agricultora, y el MARN estimó que para 2022, el 80 por ciento de El Salvador padecerá un estrés hídrico que impedirá satisfacer la demanda.
Por lo pronto, la futura normativa establece multas superiores a los tres millones de dólares para quien use un acuífero sobreexplotado sin aval de la ASA, sin cumplir con el pago de cánones o descargar vertidos sin el permiso correspondiente.
Con información de Sputnik
