Durante los últimos 10 años, el gobierno de Indonesia ha emitido numerosas licencias mineras con el argumento de aumentar el crecimiento económico del país y su competencia tanto a nivel internacional como regional. De acuerdo a datos del Ministerio de Energía y Recursos Mineros, el gobierno central y los gobiernos provinciales y distritales han expedido aproximadamente 10.918 licencias mineras. Por otra parte, se han otorgado unas 41 licencias para Contratos de Trabajo y 75 licencias especialmente para la explotación de carbón, con diferentes extensiones de hectáreas arrendadas a empresas nacionales y multinacionales (1). La propagación de licencias mineras tiene alcance nacional. En la región de Sumatra hay 3.058 licencias, 3.907 en la región de Kalimantan, 1.591 en la región de Sulawesi, 438 en la región de las islas Molucas, 245 en la región de Papúa, 467 en la región de Bali Nusa Tenggara y 1.334 en la región de Java.
El daño ambiental causado por esta expansión también está presente en todas partes. No solamente en los bosques o las tierras de las comunidades sino también en las regiones costeras y las pequeñas islas de Indonesia. Las metas de la extracción y producción minera aumentan año a año, y acorde a ello es la creciente tasa de degradación del ambiente. El daño causado por el sector minero empresarial ya abarca todas las regiones de Indonesia. Las minas artesanales por su parte, que también han ido en aumento en todo el país, también causan daños. Los problemas generados por las minas no son exclusivamente durante la extracción y el procesamiento de los minerales sino también durante la primera fase de las operaciones, la cual está relacionada con las zonas de producción de comunidades campesinas y pescadoras, cuyas tierras están en gran medida explotadas por las empresa y, por lo tanto, expropiadas.
Los problemas relacionados con la minería son más o menos los mismos en cuanto a tipo y características, tales como la criminalización que hace el aparato del Estado de las poblaciones locales que resisten los proyectos, y los importantes daños ecológicos que deterioran o destruyen las condiciones ambientales y los medios de vida de la gente. La isla de Borneo es un ejemplo muy preocupante en términos de daños ecológicos, debido a los impactos de la extracción continua de carbón para satisfacer la demanda mundial – así como la demanda nacional de energía que todavía sigue dependiendo del carbón.
La producción de carbón en Indonesia ha ido en aumento hasta 2014. Los datos de los últimos 5 años mostraron que en 2010 la producción ascendió a 325 millones de toneladas, a 371 millones de toneladas en 2011, a 386 millones de toneladas en 2012, a 421 millones de toneladas en 2013, a 435 millones de toneladas en 2014 y la meta del gobierno de Indonesia para 2015 es de 420 millones de toneladas. Una vez agotado el mineral o los minerales extraídos, lo que queda también constituye una amenaza para las comunidades, ya que las minas antiguas son abandonadas sin hacer ningún intento de rehabilitar la zona ni de cerrar adecuadamente las canteras. En Ciudad Samarinda, Kalimantan Occidental, por ejemplo, algunas minas a cielo abierto ya cobraron vidas porque el agua estancada que cubre la cantera de la mina y que forma un pequeño lago fue utilizada como sitio de juego para los niños. Hasta el momento ya murieron 10 niños por jugar y nadar en la cantera inundada. A pesar de que esto ha sucedido una y otra vez, los gobiernos locales y las empresas que han dejado los sitios abandonados no toman ninguna medida para evitar este tipo de desgracias, como por ejemplo tapar el pozo de inmediato u ofrecer seguridad alrededor de la zona para que la gente no entre al sitio.
Las Islas Bangka Belitung figuran entre los mayores proveedores mundiales de estaño para la industria de la electrónica. Allí también los pueblos de pescadores locales han sufrido porque las actividades mineras de estaño se llevan a cabo en alta mar, en territorios de pesca. La mayor empresa, todavía en funcionamiento, es “PT. Timah Tbk”, una empresa estatal que expande continuamente sus actividades mineras en alta mar, al lado de varias otras empresas privadas que extraen estaño en alta mar en zonas de pesca de pescadores tradicionales. Se estima que alrededor de la isla de Bangka operan aproximadamente 3.000 dragas de succión. A menudo, numerosas comunidades de pescadores han protestado contra el gobierno y la empresa porque sus medios de vida se han visto afectados y sus ingresos han disminuido, así como la potencial existencia de peces disponibles. Incluso tienen dificultades de pescar para satisfacer las necesidades de sus propias familias. Además, el ecosistema de los arrecifes de coral se ha visto gravemente alterado, al igual que su función como lugar de desove, debido a que los arrecifes de coral quedan cubiertos por el barro y los sedimentos que enturbian cada vez más el agua de mar. Los conflictos también van en aumento en la isla de Sulawesi, ya que la empresa tiene la estrategia de incitar y crear enfrentamientos entre los residentes locales. Por esa razón, y con la finalidad de proteger a la empresa, el aparato de seguridad del Estado se ha instalado en la zona.
A escala nacional, la tierra cubierta por el sector minero ha llegado a 3,2 millones de hectáreas y es propiedad de 1.755 empresas cuyos accionistas son tanto nacionales como multinacionales. Para WALHI, una ONG ambientalista de Indonesia, el mayor problema con las empresas mineras es la depredación ambiental que provocan, así como la “colaboración” mutua que tienen con el gobierno. El desastre ecológico causado por la actividad minera es enorme; por ejemplo, inundaciones resultantes de la disminución de la zona de captación de agua, deslizamientos de tierra, deterioro de las tierras agrícolas que resulta en pérdida de cosechas; contaminación de ríos y zonas costeras.
Durante décadas, las montañas de la isla de Papúa han estado controladas por la minera estadounidense “PT. Freeport Indonesia”, la cual ha contribuido a que se le haya infligido un daño inmenso al ambiente. Además, las actividades mineras amenazan a los pueblos indígenas que viven en las montañas, así como a la vida de los pueblos indígenas Kamoro, quienes residen en la costa. La empresa ha utilizado las zonas costeras como lugares de vertedero por años, y el pueblo Kamoro debe convivir diariamente con los desechos tóxicos. Esto también afecta el consumo de alimentos locales, que han comprobado estar contaminados con metales pesados. Actualmente, el pueblo Kamoro debe volver a luchar para resistir el plan de desarrollo industrial de la empresa, que incluye la instalación de una fundición en su territorio tradicional. El plan de la compañía cuenta con el respaldo del gobierno. Pero el jefe del pueblo Kamoro ha declarado que su pueblo lo rechaza y que están dispuestos a dar la lucha si el plan continúa. El pueblo Kamoro no quiere sumar más miserias a la que ya tendrán que sufrir las próximas generaciones: los residuos de las industrias. Además de la fundición que se planifica construir, el gobierno piensa construir una fábrica de cemento y otras fábricas que marginarán aún más la vida de la comunidad indígena Kamoro en Papúa.
Otro ejemplo son las Islas Molucas del Norte, que también se encuentran bajo una gran presión por parte del sector minero. El proyecto “Weda Bay Nickel”, del grupo minero y metalúrgico francés ERAMET, está causando graves daños al ambiente y conflictos en la comunidad, entre ellos la criminalización de las personas por las fuerzas de seguridad. Las islas Nusa Tenggara también están cada vez más presionadas por las numerosas minas de manganeso de la zona. Esto ha creado conflictos con los pueblos indígenas a causa de la destrucción y contaminación de sus tierras agrícolas y la destrucción de sus medios de vida y sustento.
El medio ambiente de Indonesia en general continuará amenazado y será destruido por el sector minero si el gobierno no realiza de inmediato una revisión de todas las licencias de explotación minera que se han emitido. Las empresas que sean encontradas culpables de esta destrucción y hayan ignorado la vida de las comunidades locales, deben suspender sus actividades de inmediato y ser procesadas por sus actos criminales. Por otro lado, actualmente el gobierno está emitiendo demasiadas licencias de explotación minera. Teniendo en cuenta la totalidad de los impactos negativos en todo el país, es crucial poner fin a esto, a efectos de brindar una oportunidad para que las comunidades y el ambiente hagan frente a estos impactos, se dé inicio a un proceso de rehabilitación del bienestar de las comunidades en todos los niveles, y que las tierras que estas comunidades utilizaban para trabajar puedan recuperarse física y ecológicamente.
(1) Los “Contratos de trabajo” y los “Contratos de trabajo para la minería de carbón” son otorgados por el gobierno indonesio y son diferentes de las licencias mineras.
Edo Rakhman, edowalhisulut@gmail.com
Walhi, http://www.walhi.or.id/
