Alfredo Palacios Dongo
La extracción de oro aluvial ilegal en nuestro país se intensificó el período 1970-1980 por el aumento de su precio internacional (de US$ 35 la onza a US$ 700). Esta actividad ilegal se consolidó en 1980 en las subcuencas de los ríos Colorado (afluente del río Madre de Dios), Inambari y Tambopata (estableciéndose el asentamiento Caychive-Inambari y asociaciones de pequeños mineros Tambopata-Malinowski).
Producción de oro ilegal sepulta el distrito de Huepetuhe
En 1985 llegó a su mayor nivel en Huepetuhe (en 1975 el Banco Minero registraba en dicha zona 1,500 millones de m3 de oro y en 1999 solo 180 millones de m3) así como en La Pampa. El oro que se produce en los lavaderos de Madre de Dios (cuya población aumentó 400% en los últimos años) tiene una calidad de 23 quilates, superior a otras regiones afectadas por esta ilícita actividad (Puno, Loreto, Huánuco).
Entre 15% y 22% de nuestro oro exportado proviene de la minería ilegal evadiendo impuestos por más de US$ 300 millones. Según la Sunat el 2014 se vendieron US$ 3,000 millones de oro ilegal peruano (unas 120 toneladas), y una investigación de Ojo Público advierte que empresas de EU. Suiza, Italia y Emiratos Árabes Unidos (que centralizaron sus operaciones en Lima los últimos años) y están relacionadas con el London Bullion Market Association (LBMA) principal financistas de la minería ilegal de oro en Sudamérica, son sospechosas de lavar cientos de toneladas de oro presuntamente ilegal.
También 100 kilos de oro ilegal salen del país por la frontera con Bolivia (desde La Rinconada, Ananea, Sandia y Desaguadero en Puno y desde Madre de Dios a la selva boliviana), tanto en contrabando “tipo hormiga” y hasta en avionetas (200 kg en cada vuelo). Y la red de Peter Ferrari, solo entre 2012 y 2013 exportó 14 toneladas de oro ilegal a EU por unos US$ 700 millones.
Bajo este panorama, nuestro oro sigue saliendo ilegalmente del país sin poder contrarrestarse. Se requiere la formalización de los mineros ilegales y mayores restricciones y control de ingreso de combustible y mercurio y venta de maquinarias a zonas de minería ilegal, mayor control en la comercialización del oro a las empresas exportadoras, compartir datos comerciales con países importadores de nuestro oro (EE UU., Suiza, Italia, la India, Dubai) para investigar lavado de activos, y mayor control del contrabando de oro en la frontera con Bolivia.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de octubre de 2015
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