Alfredo Palacios Dongo
El lote 192 (ex lote 1AB) ubicado en la Amazonía peruana (distrito de Andoas, Datem del Marañon, región Loreto), con una extensión de 290 mil hectáreas, es el mayor productor de petróleo del país, 13 mil barriles diarios (20% del total nacional) y registra reservas probadas por 20 años, sin embargo, tiene un historial contaminante y muchos problemas de concesión, remediación ambiental y conflictos con pobladores de las etnias Achuar, Urarina y Quechua.
La zona de influencia de este lote ha sufrido graves impactos contaminantes desde que Occidental Petroleum Corporation (Oxy) inició sus operaciones en 1970 utilizando prácticas contaminantes afectando las cuencas aledañas (Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón) y dejando áreas de producción y exploración contaminadas, ríos y suelos degradados, y alto nivel de plomo en los pobladores.
Recién 14 años después (1984), por reiteradas denuncias de los nativos, el gobierno declaró dicha área como “la región medioambiental más dañada del país” y 12 años después (1996), por primera vez, dio prioridad a evaluaciones ambientales y territoriales. A pesar que en 1993 se promulgó el marco reglamentario ambiental de hidrocarburos, ningún gobierno obligó a OXY un plan de remediación.
Posteriormente, en 2001, OXY traspasó la concesión a la empresa argentina Pluspetrol, continuando ésta con prácticas contaminantes corroboradas por diferentes evaluaciones e informes posteriores, registrando alarmantes impactos de contaminación por encima de límites permisibles en cuencas, suelos y medio ambiente circundante. Desde 2012 Pluspetrol tiene 15 procedimientos sancionadores por no cumplir con el plan ambiental establecido. A fines de 2012 recibió una multa de US$ 11.3 millones por contaminar la cuenca del Pastaza y en noviembre 2013 otra por S/.20 millones por contaminar y casi desaparecer la laguna Shanshococha.
Bajo este panorama, el contrato del lote 192 con Pluspetrol concluirá el 21 de agosto próximo, y faltando 5 meses ni siquiera se ha iniciado el proceso de licitación, ni realizada la consulta previa (anunciada por el gobierno desde 2012).
Es preocupante que según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), después de 14 años de operación de Pluspetrol, existen conflictos ambientales con los nativos, además de 92 sitios de peligrosos impactos en cuencas, suelos y medio ambiente notificados a dicha empresa para su remediación (por un valor aproximado de US$ 90 millones), sin embargo, ad portas de concluir su contrato no existe ni voluntad ni decisión para resolverlos.
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