Félix Jiménez*

E1 principal proble­ma del actual mo­delo económico de “mercado libre” es que las fuerzas del merca­do orientan la asignación de los recursos (inversiones privadas) hacia las activi­dades primarias y de no-transables, y no hacia las actividades industriales manufactureras. La solu­ción no es, por tanto, un shock de confianza para el empresariado. El gobierno les puede “jurar de rodillas a los grandes empresarios” que no se apartará del mo­delo neoliberal y esto no detendrá los efectos de la crisis internacional ni pro­vocará un cambio hacia la ruta del desarrollo indus­trial.

La institucionalidad neoliberal es contraria a la política industrial

Optar desde el gobierno por la Política Industrial es, entonces, optar por el cam­bio del actual modelo neoli­beral que ha estimulado el comportamiento rentista y desalentado el desarrollo de las actividades manufactu­reras. Desarrollar industria en el país es transformar no solo la actual manera de acumular capital y crecer, sino también las actuales instituciones políticas y económicas extractivistas.

El trato privilegiado a la inversión extranjera y las exportaciones basadas en reducciones salariales son parte de las políticas del Consenso de Washington. Ninguna de las dos generó externalidades tecnológi­cas y de aprendizaje para la diversificación producti­va. El ministro Castilla fue y es el abanderado de estas políticas: es el campeón de los road shows externos y enemigo del salario míni­mo como instrumento de política de ingresos. Con road shows internos hubie­ra identificado obstáculos y oportunidades de inver­sión privada en actividades industriales, y la inversión pública respondería a una visión de integración del país y al objetivo de estimu­lar la inversión privada y la capacidad empresarial na­cionales.

La inversión extranjera es atraída con una serie de privilegios que ponen en desventaja a la inversión nacional. Los tratados de libre comercio y la propia Constitución de 1993 per­miten a los inversionistas extranjeros someter las disputas legales internas al arbitraje internacional. El neoliberalismo alienta la competencia entre los países “pobres” para atraer la inversión extranjera, con incentivos que generan comportamientos rentistas y no innovadores (race to the bottom). Ha desmante­lado los estándares regulatorios. La inversión extran­jera en nuestro país no es el motor del cambio tecnoló­gico ni promotor de activi­dades manufactureras.

En general, los acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, impulsados por los neoliberales, han li­mitado la capacidad del Es­tado para emprender, con autonomía, políticas para industrializar y diversificar la producción. Los Estados Unidos son los campeones en imponer estas restriccio­nes en los acuerdos en los que participa: son notables las cláusulas sobre el trato privilegiado a la inversión extranjera, la protección a la propiedad intelectual y el rechazo asimétrico a los subsidios a la producción agrícola de los países como el nuestro.

La política industrial: ¿un retorno al pasado?

Promover la industria­lización no es invitar a retomar las políticas del pasado. Hace ya un buen tiempo que mostramos que la industrialización sustitutiva de importaciones apli­cada en el país, en lugar de fomentar actividades manufactureras competiti­vas, alentó, al igual que el neoliberalismo actual, el comportamiento rentista y extractivista de los empre­sarios (véase Jiménez, F. et al. De la industrialización proteccionista a la desindustrialización neoliberal, PUCP-CIES 1999).

Ni la industrialización sustitutiva de importacio­nes ni el modelo primario exportador neoliberal han logrado integrar el país. La economía “moderna” sigue sin integrarse plenamente a la demografía y geogra­fía del interior del país. No hay desarrollo industrial ni agroindustrial; no hay actividades nuevas e inno­vadoras en la sierra y en la selva. Por tanto, el país necesita un nuevo modelo de desarrollo que —respe­tando nuestra diversidad étnica, cultural y ecológi­ca— promueva la eclosión y expansión de los mercados internos con una nueva Po­lítica Industrial, que recu­pere el control nacional de los recursos energéticos, y que termine con la des­articulación productiva y la ausencia de oportunida­des de trabajo con ingresos dignos.

La nueva Política Indus­trial requiere, por tan­to, que el Estado recupere su soberanía, es decir, su capacidad de impulsar la diversificación producti­va, convirtiendo las restricciones potenciales del actual entorno internacio­nal —como dice D. Rodrik (2004)— en oportunidades. La búsqueda de mayor acce­so a los mercados a costa de la capacidad promotora del Estado es un mal negocio. La nueva Política Industrial debe ser concebida como un proceso de interacción entre el Estado y los empre­sarios privados nacionales, para desarrollar mercados internos —sin cerrarse al mundo— con inversiones en infraestructura, en edu­cación, en programas espe­cíficos de capacitación, en ciencia y tecnología apo­yando el surgimiento de ac­tividades nuevas, y con un mercado de capitales para financiar las inversiones privadas nacionales.

A modo de conclusión

Optar por la ruta de la diversificación productiva y el desarrollo industrial supone cambiar de raíz las instituciones políticas extractivistas que son las que conspiran contra el de­sarrollo inclusivo y contra la democracia y la libertad republicanas. La nueva Política Industrial requiere de instituciones políticas inclusivas.

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* Economista, Profesor Principal de la PUCP.

La Primera, Lima 17-08-2013, p. 15

 

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