Pese a que el Perú ha ratificado acuerdo para prevenir pesca ilegal.  lEmbarcaciones de Tailandia, Indonesia, Taiwán, China y otros países ingresan al mar de Grau escudados en reglas de la libre navegación.

A finales de septiembre de este año, Perú depositó el instrumento de ratificación del acuerdo internacional que establece una serie de medidas destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y sin reglamentar. Importante herramienta que tiene como objetivo proteger la biomasa de nuestro mar.

El acuerdo, que entró en vigencia, para el caso peruano, el pasado 27 de octubre, fue aprobado durante la 36 conferencia de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que se realizó en Roma en 2009. De acuerdo con datos de la FAO, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada genera en el mundo pérdidas económicas anuales del orden 23 millones de dólares.

Se habla de 26 millones de toneladas de pescado por año que se captura ilegalmente en todo el planeta y, lamentablemente, Perú no está exento de esta ilícita actividad. Así, la riqueza de nuestro mar se ha convertido en un precioso botín para embarcaciones de Tailandia, Indonesia, Taiwán y China, además de otras naciones asiáticas.

Para Miguel Ángel Rodríguez Mackay –miembro del equipo colaborador para el tema del juicio del Perú contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y presidente del Instituto Peruano de Derecho del Mar–, el problema encuentra una explicación en el Decreto Supremo 005-2012 de Produce, que determinó los espacios a partir de los cuales se podía establecer las cuotas de actividad pesquera.

“Por ejemplo, se consagró algo que no había antes, precisándose que de la milla 1 a la 5 la cantidad de biomasa, es decir peces, que se encontraran en ese espacio, eran estrictamente para consumo humano y por lo tanto el acto extractivo estaba bastante restrictivo solamente a faenas de actividades artesanales de muy poca distancia”, indicó.

Como a partir de la milla 5 existe la anchoveta –dijo– se estableció que hasta la milla 10 se produjera la pesca artesanal y a partir de allí hasta la milla 200 se pudiera realizar pesca industrial.

“Con lo cual estábamos estableciendo que, de las 200 millas de soberanía y jurisdicción del Estado Peruano, 190 están dedicadas a la pesca industrial y solo 10 para la pesca artesanal o doméstica. Esa es la razón por la que en los últimos meses hemos visto reportes de cómo más de 400 navieras, embarcaciones, fundamentalmente de Tailandia, Indonesia y Taiwán, pescan en nuestro mar sin mayor control”, indicó.

Vasos comunicantes

El problema es –añadió– que dichas embarcaciones ingresan al mar peruano aludiendo las reglas de la libre navegación. Sin embargo, consideró que lo relevante es la incapacidad del Estado peruano para establecer un vaso comunicante entre Gobierno, Marina de Guerra del Perú y el Instituto del Mar Peruano.

“Esta es la trilogía del mar de Grau para poder ejercer el derecho soberano sobre la extracción. Porque, así como se hizo en 1954 cuando vino la flota de Aristóteles Onassis y, en Paita, la capturamos, detuvimos a los miembros de la tripulación y los obligamos a ir a la costa, y pagaron una multa; así lo deberíamos hacer hoy”, indicó.

Precisó que ello ocurrió aun cuando en el año 1954 recién se construía el nuevo derecho del mar, la tesis de las 200 millas solamente la tenían Perú, Chile y Ecuador por la Declaración de Santiago del 18 de agosto de 1852. “Si fuimos capaces de eso hace más de 58 años, ¿por qué no somos capaces el día de hoy de comportar un trabajo coordinado para preservar la riqueza ictiológica del Perú?”, dijo.

Planteó la necesidad de que esa vigilancia se realice a partir de las millas 60, 70 y 90 donde realmente el Perú podría tener una capacidad para poder hacer acciones que determinen si las embarcaciones están solo navegando o están irrumpiendo al derecho soberano de nuestro país, consagrado en la Convención del Mar y en la Constitución Política, que son recursos vivos del Estado costero.

Temporada negativa

Los resultados extraoficiales de los cruceros de evaluación de la anchoveta, realizados por el Imarpe (Instituto del Mar del Perú) para esta segunda temporada de pesca del año, confirmaría lo adelantado semanas atrás por EXPRESO, donde se recogieron opiniones del legislador Roberto Vieira.

Viera, especialista pesquero, manifestó que la segunda temporada no se proyectaba muy positiva, por lo que demandó al Gobierno tomar las previsiones del caso para ayudar al más débil de la cadena productiva pesquera: el pescador.

Todo lo contrario a lo manifestado por el viceministro de Pesquería, Héctor Soldi, quien días atrás aseguró una temporada muy positiva, similar a la primera que tuvo una cuota de pesca de 2.8 millones de toneladas de anchoveta, igual expectativa a la de la presidenta de la Sociedad Nacional de pesquería, Elena Conterno.

Vieira responsabilizó a la flota industrial de haber mellado la biomasa de la anchoveta por malas prácticas pesqueras. “Hubo mucha pesca de juveniles, por encima del 50 %, principalmente en las capturas que se realizaron en los meses de junio y julio. Lo más grave es que contó con la complicidad tacita de Produce. Quiero pensar que fue por ignorancia del actual viceministro Soldi, quien es un marino retirado especialista en temas oceanográficos, pero de pesca no conoce nada”, dijo.

El legislador expresó su malestar por la poca transparencia en Imarpe, por lo que hizo un llamado a la Contraloría para que intervenga.

Asimismo pidió al ministro Pedro Olaechea que no se levante el PBI del país depredando el mar, como lo ha permitido su viceministro Soldi, a quien pidió dar un paso al costado.

El factor CONVEMAR

Para Miguel Ángel Rodríguez Mackay, uno de los factores que le impide al Perú ejercer su absoluto dominio sobre nuestros recursos marinos se debe básicamente a que Perú no es parte de la Convención del Mar.

“La Constitución del Perú establece la libertad de navegación y las leyes peruanas se someten a la Constitución, por lo tanto, las embarcaciones que ingresan al mar peruano no pueden ser objeto de ninguna sanción en tanto y en cuanto no realicen actos extractivos”, indicó.

En tal sentido sostuvo que mientras el Perú no sea parte de la Convención del Mar, si tenemos un conflicto con una empresa naviera que entra o sale de la milla 200 o que pone un barco fábrica y extrae con inyectores nuestra biomasa, los peruanos no vamos a poder litigar internacionalmente con la misma.

Y tampoco –añadió– se podrá llevar a la justicia a una empresa naviera de un Estado distante que sí es parte de la Convención del Mar. “Si tenemos un litigio de esta naturaleza no vamos a poder llevarlo ante el Tribunal Internacional de Hamburgo, y eso es complicado porque no tenemos un respaldo internacional”, precisó.

Verdaderas fábricas

Se supone –según Rodríguez Mackay– que son hasta 400 los barcos que ingresan en el espacio marítimo del Perú, en muchos casos lo hacen al amparo de la Constitución y la libertad de navegación. Y algunas de estas embarcaciones actúan como verdaderas fábricas en la medida en que no solo extraen sino ejecutan la cadena de transformación de las especies que pescan dejándolas listas para ser enlatadas y vendidas en los mercados asiáticos.

 

Nancy Miller
Expreso, 13.11.2017