La empresa canadiense Edgewater quiere demandar a España por rechazar el proyecto de una mina de oro a cielo abierto en Cabana de Bergantiños, Galicia.
El pasado 22 de octubre, la empresa canadiense Edgewater Exploration LTD anunció su intención de exigir una indemnización a España por la negativa del gobierno gallego a abrir una mina de oro en Corcoesto, en el municipio de Cabana de Bergantiños, La Coruña. El proyecto de la mina estaba promovido por una filial de Edgewater, Mineira de Corcoesto SLU, cuya sede se encuentra en Panamá. Según el comunicado, la compañía “utilizará todos los medios disponibles para defender sus intereses. Si España no accede a compensar de forma inmediata a la empresa por las pérdidas de inversión y oportunidad, acudirá al tribunal de arbitraje previsto en el tratado bilateral entre España y Panamá”.
En su momento, el rechazo social contra el proyecto fue masivo. Los habitantes de la zona y numerosas organizaciones sociales y ambientales denunciaban el enorme impacto que iba a suponer el proyecto, que preveía el uso de 1,5 toneladas de cianuro y 4 millones de litros de agua al día. De haberse aprobado se hubiesen removido más de 200 millones de toneladas de rocas y generado lixiviados que se almacenarían en una balsa química semejante a la que se rompió en Aznalcollar, amenazando al río Anllóns y la Ría de Corme Laxe.
La empresa se apoya en el Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Panamá, que entró en vigor en julio de 1998, al encontrarse la sede de Mineira de Corcoesto en Panamá. En su artículo 12 contempla varias vías de solución de controversias entre inversor y Estado. En particular el inversor puede acudir “a un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional o al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)”. Una demanda a uno de estos tribunales privados podría exigir el pago de una compensación millonaria a los contribuyentes españoles.
Amigos de la Tierra denuncia que existe un histórico de casos, en el que grandes empresas han demandado a Estados ante tribunales de arbitraje en el marco de acuerdos comerciales y de inversiones. Algunos ejemplos demuestran cómo las transnacionales utilizan estos mecanismos para beneficiarse económicamente y coartar todo tipo de herramientas de protección social y ambiental que contravengan sus intereses:
-La petrolera estadounidense Occidental Petroleum Corporation denunció a Ecuador cuando el país latinoamericano puso fin al contrato de una concesión de extracción de petróleo con Occidental, lo que dio lugar a la mayor compensación jamás concedida a un inversor: 1.770 millones de dólares.
-La compañía energética sueca Vattenfall pidió en 2009 una compensación de 1.400 millones de euros de Alemania bajo un tratado internacional de protección de las inversiones en el sector energético, por la anulación de un proyecto de generación eléctrica de carbón en Hamburgo que atentaba contra la calidad del agua. Con esta amenaza, consiguió finalmente que se rebajasen los requisitos ambientales.
-Basándose en el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio entre EE.UU, Canadá y Méjico, la empresa estadounidense Lone Pine Resources Inc. pide una compensación económica a Canadá de 250 millones de dólares por la introducción de una moratoria al fracking en Quebec desde mayo de 2013.
LA UE YA HA PAGADO 3.500 MILLONES A INVERSORES EXTRANJEROS
En lo que concierne a los países europeos, diferentes gobiernos de la Unión Europea ya han pagado al menos 3.500 millones de euros a inversores extranjeros privados mediante cláusulas de tratados comerciales y de inversión. Una factura que ha tenido que asumir la ciudadanía europea.
Tras finalizar la XI Ronda de Negociaciones del TTIP, Amigos de la Tierra recuerda a las partes negociadoras las amenazas que suponen el TTIP y el CETA, con este nítido ejemplo de lo que pasaría si la Unión Europea aprobase el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y la EU (TTIP), y ratificara el acuerdo comercial con Canadá (CETA). Ambos prevén mecanismos de resolución de controversias, lo que abriría el camino a que empresas estadounidenses y canadienses exijan indemnizaciones cuando consideren que sus beneficios están viéndose vulnerados. “En contrapartida, ni los estados, ni mucho menos la población contará con mecanismos para defender sus derechos y el medio ambiente. Una situación que se tercia del todo intolerable y que pondrá en jaque el desarrollo de las legislaciones ambientales y sociales, la defensa del territorio y la protección del medio ambiente, la justicia y la democracia”, señala Amigos de la Tierra.
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