Por Humberto Campodónico
Hasta diciembre pasado, en los procesos de concesión en el marco de las Asociaciones Público-Privadas, el Ministerio de Economía y la Contraloría General de la República (CGR) debían emitir un informe previo “sobre los aspectos que comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado”. Por su parte, los organismos reguladores debían “emitir opinión favorable sobre los temas tarifarios, las facilidades esenciales y la calidad del servicio”.
Y se añade, para que no queden dudas: “En ningún caso las entidades podrán emitir opinión respecto de aspectos vinculados con el diseño de la transacción y/o proceso de promoción de la inversión privada, el cual corresponde de manera exclusiva al Consejo Directivo de Proinversión”. O sea, cállense la boca.
Como nadie puede opinar sobre el diseño de la transacción, Proinversión ahora tiene la potestad para decidir sobre el Presupuesto, algo que antes le competía al MEF. Así, en el contrato de APP para privatizar el Puerto de Paita, se dice que si los ingresos de las tarifas no alcanzan el Ingreso Mínimo Anual Garantizado, entonces el monto requerido “deberá ser presupuestado por el Concedente y ser consignado en la Ley del Presupuesto para el siguiente ejercicio presupuestable” (Art. 10.1.2.1). Está claro: Proinversión ordena, todos los demás cumplen.
Tampoco la CGR podrá opinar sobre aspectos vinculados con el diseño de la transacción y/o el proceso de promoción de la inversión privada. Entonces, ¿sobre qué va a opinar? De su lado, Ositran ya no podrá opinar sobre la calidad del servicio que se va a brindar ni, tampoco, sobre las facilidades esenciales que tenga que otorgar el concesionario. Sobre esos temas deberá callarse la boca y limitarse a opinar única y exclusivamente sobre las tarifas.
Queda claro que este DU-047-2008 (que además de Paita rige también para los puertos de Pisco y Salaverry, los Aeropuertos Regionales, la Carretera IIRSA Centro y los Proyectos Especiales Chavimochic y Majes, entre otros) debilita de manera notable la capacidad fiscalizadora de la CGR y la opinión de organismos del Estado calificados para asumir esas funciones. Una cosa es acelerar la inversión y liberarla de trabas burocráticas —lo cual es necesario— y otra cosa es la eliminación casi total de controles y opiniones, porque eso abre las puertas a la corrupción monda y lironda.
La “lógica” es la del perro del hortelano: para que la inversión privada pueda entrar donde y cuando quiera, hay que debilitar los organismos del Estado y, también, la capacidad fiscalizadora de la sociedad civil. El DU-047-2008 nos está diciendo que el capital privado quiere ahora aprovechar los ingresos del Estado para invertir en proyectos de obras públicas sin riesgo alguno y, como hemos visto, casi sin control y opinión de los organismos gubernamentales que, justamente, saben de esos temas.
Para García y la derecha económica, se trata de completar las reformas neoliberales del obsoleto Consenso de Washington, lo que tomó fuerte impulso con la promulgación de los 100 Decretos Legislativos entre enero y junio del 2008, con el pretexto de que “eran indispensables” para la firma del TLC con EEUU.
Queda claro que esos Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia tratan de dar mayor poder a Proinversión y se deja de lado al Congreso y a otros organismos gubernamentales. Ese es el problema.
1 comentario
Demasiado servil
Siempre que no se metan los rateros chilenos a postular, conviene que invierta el sector privado en puertos y aeropuertos. Pero está mal comprometer dinero del estado para facilitar las cosas a postores cuya práctica permanente es el faenón con funcionarios corruptos del estado.