La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresa su preocupación por la entrada en vigor del arancel adicional de 12.5 % impuesto por los Estados Unidos a determinados productos peruanos, medida que reduce la competitividad de nuestras exportaciones con valor agregado y coloca al Perú en una posición menos favorable frente a varios de sus principales competidores internacionales.
Si bien la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) aprobó exclusiones para aproximadamente 2000 productos peruanos, lo que permitirá que cerca del 45 % de las exportaciones peruanas hacia ese mercado, el 55 % restante, que representa alrededor de USD 6221 millones, sí quedará sujeto al arancel adicional de 12.5 % vigente desde el 24 de julio de 2026.
Entre los productos que enfrentarán este mayor costo de acceso al mercado estadounidense destacan arándanos, uvas frescas, espárragos, mandarinas, polos de algodón, barras y perfiles de cobre refinado, entre otros bienes de alto valor agregado y con importante generación de empleo a nivel nacional. Esta situación podría traducirse en una pérdida de competitividad frente a países que cuentan con mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense.
La CCL reconoce las gestiones realizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) durante el proceso de investigación desarrollado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), así como su decisión de mantener el diálogo con las autoridades estadounidenses para promover una revisión de la medida. Asimismo, destaca que la propia resolución de la USTR no concluye que el Perú exporte mercancías producidas con trabajo forzoso ni identifica productos peruanos elaborados bajo esas condiciones, sino que centra sus observaciones en la necesidad de fortalecer el marco legal que prohíba expresamente la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
En ese contexto, la CCL considera que el país debe responder con rapidez y decisión. La aprobación de la ley presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso constituye una oportunidad para atender la principal observación formulada por la USTR y enviar una señal clara del compromiso del Perú con los estándares internacionales de comercio responsable.
Sin embargo, la aprobación de la ley no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como el punto de partida para una estrategia diplomática y comercial mucho más ambiciosa. El objetivo debe ser lograr que los Estados Unidos revisen la medida adoptada, reduzcan el arancel adicional del 12.5 % y amplíen significativamente el número de productos excluidos, permitiendo que el Perú recupere competitividad frente a otros países que hoy gozan de mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense.
Hoy no basta con defender técnicamente la posición del Perú; es indispensable adoptar las decisiones legislativas y de política comercial que permitan recuperar nuestra competitividad. Cada día que pasa sin resolver este tema significa una desventaja para nuestros exportadores y para miles de trabajadores vinculados a actividades como la agroexportación, los textiles, las confecciones, la manufactura y otras industrias orientadas a la exportación.
El gremio empresarial exhortó al nuevo Congreso de la República a otorgar prioridad inmediata al proyecto de ley sobre trabajo forzoso y al nuevo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a liderar una estrategia de alto nivel con las autoridades estadounidenses para gestionar una pronta revisión de la medida, impulsar la reducción del arancel adicional y ampliar las exclusiones aplicables a los productos peruanos.
La CCL advirtió que esta situación trasciende el ámbito comercial. Se trata de preservar la competitividad del Perú en uno de sus principales mercados para las exportaciones no tradicionales, proteger miles de puestos de trabajo y evitar que nuestros competidores continúen ganando participación en un mercado estratégico para el crecimiento económico nacional.
Finalmente, la Cámara de Comercio de Lima reafirma su disposición de trabajar conjuntamente con el Gobierno, el Congreso y el sector privado para fortalecer el marco normativo nacional, consolidar la relación comercial con los Estados Unidos y defender el acceso competitivo de los productos peruanos a los mercados internacionales.
