De ellos 91 son socioambientales vinculados con la minería. Estos conflictos al no ser atendidos oportuna y debidamente generan un impacto negativo directo en la inversión privada.
Los problemas internos, como los conflictos sociales y el mal manejo para prevenirlos y hacerles frente, que afectaron en particular la inversión privada y la productividad, han generado en gran medida que el Perú desde el 2011 registre un ritmo de crecimiento decreciente el que se ha acentuado en los últimos años, afirmó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima.
«En la región el país tiene un alto número de conflictos sociales activos (148), de los cuales 138 están vinculados a problemas socio ambientales, que si no se atienden oportuna y debidamente generarán un impacto negativo directo sobre la inversión privada», afirmó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP- CCL.
Refiere que del total de conflictos sociales de origen socio ambiental, 91 se relacionan con la actividad minera, 21 al sector hidrocarburos y 9 al sector energético, entre otros.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, a julio de este año, se registraron 209 conflictos sociales de los cuales 148 fueron calificados como activos y los 61 restantes como latentes.
Para el economista un claro ejemplo del efecto de los conflictos sociales fue la paralización del proyecto Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa), de 4,800 millones y 1,400 millones de dólares de inversión, respectivamente.
«El contexto internacional no tuvo nada que ver con la paralización de estos proyectos. Fue un problema interno que discutía el impacto medio ambiental que generaría Conga y Tía María; por eso mal haríamos diciendo que nuestro crecimiento a ritmo decreciente se debe al contexto externo», manifestó Peñaranda.
En este contexto los conflictos sociales pueden afectar la actual cartera de proyectos mineros estimada en 63,115 millones de dólares, donde el 46,5% cuentan con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado.
Las regiones que registran mayor participación de proyectos mineros son Apurímac (30%), Arequipa (15%) y Cajamarca (14,5%). Y coincidentemente Apurímac (22) y Cajamarca (15) son las regiones que concentran mayor número de conflictos sociales y altos niveles de pobreza.
