Si se modifica la norma muchas empresas peruanas dejarían de exportar y se pondría en riego puestos de trabajo formales.
El régimen laboral para la exportación no tradicional (Decreto Ley N.° 22342) genera alrededor de 80 mil puestos de trabajo y permite a las empresas que exportan productos con valor agregado planificar su producción de manera adecuada y real, por lo que es un verdadero promotor del comercio exterior y la generación de empleo formal, señaló el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez.
Detalló que esta modalidad responde a la necesidad de las empresas del sector de planificar la producción en función de los pedidos del exterior, los cuales son fluctuantes en su frecuencia y su monto a lo largo del año. “Esta inestabilidad en las ventas hace imposible que el exportador peruano pueda mantener un número constante de trabajadores”, refirió.
Desde la crisis económica financiera del 2008, los clientes incrementaron la frecuencia de sus pedidos, pero disminuyeron los montos de los mismos, esto con el objetivo de mantener un stock cero y reducir sus costos financieros.
“La importancia de los contratos de exportación no tradicional radica en que el exportador puede contratar trabajadores en función de los pedidos que recibe del extranjero. De este modo emplea trabajadores por el tiempo necesario para cumplir determinado pedido”, indicó.
Riesgo de informalizar
Según la Gerencia de Estudios Económicos de la ADEX, los sectores confecciones y metalmecánica (principales usuarios de este régimen), generan 90,000 puestos de trabajo formales, de los cuales el 88% son a través de los contratos de exportación no tradicional. De estos números se concluye que los contratos laborales para la exportación no tradicional constituyen el factor principal de formalización.
Bajo estas condiciones, si se elimina este tipo de contratos laborales, se correría un serio riesgo de informalizar el empleo a niveles mucho más altos que los actuales. Además, se atentaría contra la estabilidad y el desarrollo del sector exportador peruano.
Si se deroga la norma, los exportadores reducirían significativamente sus envíos, varios de ellos dejarían de exportar y se dedicarían al mercado interno o se instalarían fuera del país. “Es muy difícil que una empresa pueda asumir el riesgo de contratar trabajadores para atender un pedido y después quedarse con una carga laboral alta que podría obligarla a cerrar”, concluyó Varilias.
