Por Humberto Campodónico
En su mensaje del 28 de julio, Alan García dijo que “si Doe Run aporta nuevo capital y da al Perú garantía económica suficiente de que esta vez sí cumplirá, el Estado podrá conversar y concertar; de lo contrario la ley será aplicada implacablemente. No podemos aceptar presiones y las leyes deben cumplirse por quienes deben respetar los estándares ambientales”.
Pero en lugar de hacerlo, la empresa acudió al Indecopi para someterse a un proceso de reestructuración de sus deudas, con lo cual va a tratar de dilatar cualquier tipo de solución por 6 meses más. Así, Doe Run ha sorprendido a sus acreedores y a todo el gobierno, lo que incluye al presidente García, que nada sospechaba cuando redactaba su Mensaje a la Nación. Veamos cómo.
Son dos los desacuerdos entre el gobierno y la empresa. El primero es la cantidad de capital fresco que la empresa debería invertir para garantizar el cumplimiento del PAMA, cuyo saldo es de US$ 155 millones.
Para el gobierno, la inyección de capital fresco debía ser US$ 100 millones y el saldo de US$ 55 millones podría financiarse con el flujo de caja que, mes a mes, ingresaría a la empresa. Pero Doe Run solo quería traer capital fresco por US$ 31 millones, con lo cual el saldo de US$ 124 millones tendría que financiarse con el flujo de caja mensual.
Esto origina el segundo desacuerdo: con la propuesta del gobierno, el PAMA tendría que ampliarse 10 a 12 meses más. Como la fecha de conclusión del PAMA prorrogado en el 2006 (“por última vez”) es octubre de este año, esto lo alargaría un año más. Pero la propuesta de Doe Run es que el PAMA se amplíe 30 meses, hasta abril del 2012. Se prorrogaría, entonces, el súper mal ejemplo de no cumplir con los estándares ambientales, mencionados por el Presidente en su mensaje.
La cuestión es que la empresa no quiere meterse la mano al bolsillo y poner la plata de sus utilidades de años anteriores. Para nada. Por eso, lo que pide es ir pagando de a poquitos, con los ingresos futuros. Este alargamiento del PAMA significa, además, la continuación de la contaminación en La Oroya, que afecta sobre todo a los niños.
Lo reseñado no incluye la deuda de US$ 110 millones con los proveedores (lo que originó una acción de amparo de Buenaventura). Tampoco incluye el pedido de que Doe Run EEUU (Renco) capitalice la deuda de US$ 150 millones que tiene con Doe Run Perú (las utilidades de los años anteriores fueron remesadas a EEUU, pero no se pagó la deuda con Renco). Una vez capitalizada la deuda, se procedería a prendar las acciones de Doe Run como garantía de cumplimiento de sus obligaciones.
Esto se hace porque Doe Run es conocida como una empresa tramposa, tanto en EEUU como aquí (en julio fue suspendida su participación en la Sociedad de Minería). La piedra de la torta de las mañoserías de Doe Run ha sido negarse a poner el capital fresco e ir a Indecopi, sorprendiendo “a todo el mundo”.
En toda esta disputa, los trabajadores han estado del lado de la empresa por una razón vital: se aferran a sus puestos de trabajo y piensan que la única alternativa viable es la permanencia de Doe Run, cueste lo que cueste. A pesar de sus esfuerzos –que los ha tenido, lo que incluye la presentación del ministro Sánchez ante la Asamblea de trabajadores en La Oroya– el gobierno no ha emitido hasta ahora una señal clara de que, ante los incumplimientos de Doe Run, se garantizará el empleo de los trabajadores.
Como lo dijimos ya en abril pasado (www.cristaldemira.com, 22/4/09), el incumplimiento sistemático del PAMA de Doe Run perfila la opción de la rescisión del contrato para que se cumpla con las leyes peruanas y los estándares ambientales. Esa alternativa es hoy más urgente que antes.
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SON MECEDORES CONOICIDOS