Estas trabas están vinculadas a requisitos, obligaciones y sobrecostos adicionales, que obstaculizan de manera ilegal el acceso o la permanencia de las empresas en el mercado, restándoles dinamismo económico y competitividad.
Lamentablemente la burocracia municipal sigue colocando el mayor número de trabas. Las leyes del Congreso para simplificar los trámites, la agenda interna para ser más competitivos en una economía cada vez más globalizada, siguen distantes del quehacer municipal.
Procedimientos iniciados
De los 38 procedimientos denunciados ante la CBB, el 33% corresponden a restricciones al funcionamiento de establecimientos, 13% por incumplimiento de las normas de simplificación administrativa, 10% restricciones sectoriales sobre transporte terrestre, 8% sobre arbitrios ilegales, 8% sobre restricciones municipales a terminales terrestres, entre otros.
Barreras identificadas
Según el portal del INDECOPI, durante el segundo trimestre del 2009 el 22% de las barreras burocráticas corresponden a restricciones a la instalación de infraestructura de servicios públicos, el 17% corresponde a restricciones a la prestación de servicios de transporte de pasajeros, 14% versan sobre licencias de funcionamiento, el 14% sobre restricciones tributarias al libre tránsito, 9% sobe anuncios de publicidad, 14% otros.
Casos resueltos
De 38 pronunciamientos de la CBB, 35 por denuncia de parte y 3 procesos de oficio, el 58% de las denuncias se ha declarado fundadas, el 16% inadmisibles, el 13% infundadas y el 5% han concluido por desistimiento de los denunciantes.
Nuevo Gabinete
El combate frontal y la proscripción de las barreras burocráticas es uno de los retos y tareas pendientes del nuevo gabinete ministerial.
Conforme a la Constitución y a la ley, corresponde al Poder Ejecutivo —en este caso a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)–— cumplir y hacer cumplir las leyes, y en todo caso, exigir que la Contraloría General de la República y los alcaldes de las municipalidades procedan a realizar las investigaciones y apliquen las sanciones a los funcionarios que impunemente vienen obstaculizando el desarrollo y la competitividad del país.
