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En América Latina el término «extractivismo» ganó lugar en el debate público como un modo de referirse a la lógica económica alrededor de la explotación intensiva de minerales, gas y petróleo. Más recientemente, el concepto se ha usado para explicar los fenómenos urbanos en el actual ciclo neoliberal, teniendo en cuenta entre otros factores que estos expresan la acumulación intensiva de territorio y el logro máximo de valor a costa de la degradación ambiental y la calidad de vida de las poblaciones, de modo similar a la dinámica que ocurre principalmente en el ámbito rural, allí donde operan industrias extractivas.
La especulación inmobiliaria en zonas urbanas consolidadas —dinamizada con el programa Mi Vivienda—, las concesiones de suelo en centros y periferias para destinarlas a plataformas comerciales, o la gentrificación del centro histórico de Lima y El Callao son fenómenos que, pensados en clave de «extractivismo urbano» nos permite renovar el análisis sobre los problemas ambientales, sociales y habitacionales de nuestras ciudades y relacionarlos con el modelo económico que los sostiene y produce.
En Lima Metropolitana y en la mayoría de ciudades del país, el recurso suelo es escaso y los terrenos de calidad aún disponibles para vivienda se encuentran en poder de empresas inmobiliarias. La oferta de vivienda nueva para las familias está supeditada al mercado, que se orienta principalmente a sectores medios y altos, sometidos además a una grosera especulación en los últimos años, en desmedro de las demandas de vivienda con crédito y asesoría técnica para los sectores de más bajos ingresos.
Ni el Estado ni el mercado han podido asegurar que vía legalización y titulación se logre un mejor desarrollo urbano, y no solo porque los mecanismos operativos, económicos y financieros para hacerlo sean poco eficaces, a la luz de su impacto real en el déficit de vivienda. En realidad, un título de propiedad no propicia per se la calificación de la familia a un crédito hipotecario, como se promete desde los años noventa. Tal como ha demostrado Richard Webb, los habitantes en los asentamientos humanos compran y venden, intercambian y permutan los terrenos sin necesidad de contar con un título de propiedad.
No obstante, se piensa ya en ampliar la vigencia del régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios urbanos a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), institución que tras 20 años de funcionamiento no ha logrado que la legalización de las ocupaciones de suelo se refleje en la formalización de las viviendas, habiendo por el contrario contribuido a generar más invasiones, alentadas por la posibilidad de obtener suelo legal a bajos costos.
Es necesario superar esta limitada visión de la formalización y avanzar en la formulación de programas de acceso y mejora de la vivienda popular, antes que la casi intrascendente entrega de títulos de propiedad. En el centro de la discusión está la función social del suelo, que se contrapone al extractivismo urbano subyacente a las grandes inversiones inmobiliarias que usan de modo irracional el suelo. El Estado debe apostar por mecanismos de acceso al crédito orientado a la finalización de las viviendas de las familias de bajos recursos, a fin de consolidar la ciudad que tenemos a medio construir, asegurando techo seguro y acceso a servicios básicos. De esta manera estaremos contribuyendo a promover el acceso al derecho humano al hábitat en el marco de los acuerdos globales de mejora de la calidad de vida y en el marco del discurso que presentaran los representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú en el Hábitat III.
desco Opina – Regional / 16 de diciembre de 2016
