De seguir operando sin cambios, podría convertirse en un pasivo ambiental o ser demolida, por lo que urge una política pública ponga en valor activos mineros históricos.
El Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) fue considerado en su tiempo como el principal referente de su rubro en Latinoamérica y el mundo, pues desarrollaba actividades de fundición y refinería y estaba conformado por cuatro circuitos de cobre, plomo, zinc y metales preciosos.
Bajo el control de Metalúrgica Business Perú, fundada por 1270 extrabajadores accionistas, esta planta nuevamente fue puesta en funcionamiento el mes pasado y ahora pretende diversificar sus operaciones incorporando la producción de fertilizantes para la agricultura nacional.
No obstante, si la infraestructura continúa operando sin implementar los cambios prometidos, podría enfrentarse a dos situaciones desalentadoras a futuro, según advirtió la analista legal Rebeca Justiniani, en conferencia organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
De estos dos escenarios, el primero es que el complejo metalúrgico se convertiría en un pasivo ambiental en caso de que no logre el cierre definitivo conforme al instrumento de gestión ambiental vigente, y sus estructuras serían vendidas por lo que vale su peso en chatarra.
Mientras que el segundo escenario contempla que el centro productivo, una vez que haya completado las etapas de cierre y poscierre, sería sometido a procesos de desmantelamiento y demolición, sin oportunidad de acceder a un uso secundario de sus componentes o áreas.
Política de revalorización
Para la especialista, el CMLO forma parte de la herencia histórica que marca nuestra tradición e identidad como país minero, la cual guarda tesoros como el antiguo yacimiento Santa Bárbara en Huancavelica, las salineras de Maras en Cusco y la fundición Tinyahuarco en Pasco.
Los tres últimos ejemplos representan a muchas otras instalaciones mineras que permanecen hoy en el olvido, pero que a su vez poseen un valor intrínseco por su historia, tecnología y cultura, y que por tanto pueden ser destinadas a fines de mayor trascendencia, como el turismo.
Y por ello consideró que el Perú requiere implementar la política de revalorización del patrimonio minero inactivo, pues este asunto no está institucionalizado ni en la normativa ni en la vida cotidiana, quedando únicamente como una simple declaratoria de patrimonio cultural.
