Por Humberto Campodónico
Una de las principales críticas a las empresas públicas es que se convierten en el “botín político” de los gobernantes de turno, que nombra a dedo a sus Presidentes y directores. Eso ha sucedido en Petroperú, en Perupetro, en Electroperú, en ENAP, en Sedapal.
Como muchos de esos nombramientos (no todos) recaen en personas que poco conocen el sector y que, además, saben que su permanencia tiene los días contados, tenemos todos los elementos de un cóctel que, más temprano que tarde, puede llevar a casos de malos manejos administrativos y, en el extremo, a la corrupción pura y simple.
Si a esto le sumamos que el actual gobierno, como en los anteriores, considera que la actividad empresarial del Estado debe desaparecer para limitarse a las actividades que no quiera o no pueda hacer el sector privado (como manda el Art. 60 de la Constitución de 1993, que establece la subsidiariedad de las empresas estatales), entonces el cóctel se vuelve tanto más peligroso.
Así, por ejemplo, las grúas pórtico de ENAPU, que estaban planteadas desde fines de los años 80, recién llegaron el año pasado.
¿Por qué? Porque se quería “demostrar” que ENAPU era ineficiente para privatizarla. Lo mismo sucede con Petroperú, que debió haber obtenido el Lote Z-2B de la tramposa Petro-Tech de William Kallop, pero que este gobierno prefirió que se venda (en el extranjero y sin pagar impuestos en el Perú) a la estatal colombiana ECOPETROL. No solo eso. Duerme el sueño de los injustos el informe de la Comisión Investigadora del Congreso que podría cambiar radicalmente esta situación.
Igualmente, en las propuestas del gobierno de Brasil para un Tratado de Integración Energética (que incluye Inambari) la estatal Eletrobrás es el puntal de sus intereses. Pero aquí Electroperú está impedida de participar por razones dizque legales porque son, principalmente, políticas.
Además, el gobierno no ha realizado una reforma integral que establezca, en primer lugar, que su Presidente y directores sean elegidos por concurso público y que exista participación privada fiscalizadora en los Comités de Compras de Bienes y de Licitaciones. Estas dos iniciativas están claramente estipuladas en Brasil y Colombia. También en Chile la meritocracia es mandataria para el Presidente y los directores de las estatales Codelco (cobre) y ENAP (petróleo).
Estas modificaciones legales eliminarían la injerencia gubernamental y el carácter de “botín” de las empresas estatales. Y no es difícil de hacer si hay voluntad política, como lo demuestran las “islas de eficiencia” de algunas instituciones regulatorias en el país (que, además, tienen “blindaje” porque los funcionarios solo pueden ser destituidos por falta grave, demostrada en el Congreso).
Todo esto es clave porque es necesario contar con empresas estatales eficientes, pues coadyuvan a la consecución de objetivos nacionales. Pero aquí eso no sucede.
Por eso resulta sorprendente —a primera vista— el reciente DS 019-MTC-2010, que otorga a Enapu la facultad de “designar” a su socio estratégico (“asociante”), dejando de lado a ProInversión, lo que ha motivado las críticas del sector privado y de varios ministros. Pero la sorpresa deja de ser tal cuando se analiza el “detalle” del DS, porque se revelan varios elementos que apuntan a que ENAPU pierda la titularidad del bien público —como lo ha señalado Manuel Dammert— que, ahora, la tendrá el “asociante”.
Lo que quiere decir que se avanza a una privatización encubierta que podría traer un enorme “faenón” bajo la manga. Por este motivo, y los antes señalados, es urgente una reforma real de las empresas estatales que ponga por delante la meritocracia, la capacidad técnica y objetivos claros de desarrollo. Si esto no sucede, seguiremos estando expuestos a nuevos escándalos que contribuirán a desprestigiar a las empresas públicas. Que es lo que la derecha económica necesita como excusa para poder privatizarlas.
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