Por Humberto Campodónico
La salida de Susana Pinilla del Ministerio de Trabajo no ha sido un "enroque largo", como dijo hace poco el premier Del Castillo, refiriéndose a su nuevo cargo en el Ministerio de la Mujer. Lo que más bien parece estar en marcha es la profundización de la "flexibilidad laboral" que comenzó bajo Fujimori en los años 90.
Es eso lo que reflejan las declaraciones del nuevo ministro de Trabajo, Mario Pasco, reconocido abogado laboralista y académico, a la vez que asesor de diferentes empresas. El ministro ha dicho que la prioridad es dar una nueva ley para las micro y pequeñas empresas (Mype), tema que, como se sabe, generó fuertes fricciones entre la ex ministra Pinilla (Trabajo), el ministro Rey (Produce) y el ministro Carranza (Economía).
Lo que se quiere modificar es el régimen laboral general (DL 728) para que una cantidad menor de trabajadores tenga derecho a vacaciones, gratificaciones y CTS. La modificación tiene dos componentes: 1) elevar el tope de facturación para que una empresa esté dentro del DL 728. La propuesta de Carranza es pasar de 150 a 3,000 UIT o sea de S/. 517,000 hasta S/. 10 millones al año, 2) elevar el número de trabajadores de una empresa de 10 a 50 (o más) para que pueda acogerse al DL 728.
Actualmente el número total de empresas que facturan más de 150 UIT es de 37,000, según SUNAT. Pero las que facturan 3,000 UIT o más (según el último informe de Perú Top, "Las primeras 10,000 empresas del Perú") son solo 1,100 empresas. O sea que 36,000 empresas podrían acogerse a la nueva ley. De otro lado, actualmente las empresas de 10 y más trabajadores emplean 2’400,000 trabajadores, de los cuales solo una pequeña fracción accede a los derechos del DL 728. Si se sube el tope a 50, entonces incluso ellos verían rebajados sus derechos.
Se dice que quienes ya están trabajando no perderían sus derechos. Pero sucede que la gran mayoría tiene contratos temporales. Una vez terminados, podrían ser nuevamente contratados, pero con la nueva ley que recorta sus derechos. Esta es la realidad. Claro, hoy no conocemos la propuesta exacta del ministro Pasco. Pero sí ha dicho que aboga por un "mix" de facturación y número de trabajadores, más altas en los dos casos.
Además está de por medio saber quién propondrá las modificaciones a la Ley General del Trabajo (LGT). Para las posiciones más derechistas, esto lo debe hacer el Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas por 180 días para implementar el TLC, saltándose a la garrocha el actual proyecto de LGT que está en el Congreso y, también, el Consejo Nacional del Trabajo (CNT).
El ministro Pasco dice que el proyecto de LGT es muy largo (400 ar- tículos) y que debe verse en el CNT, lo que significa volver a fojas cero, justo cuando la cuenta regresiva de los 180 días va a "meter presión" para que la ley sea redactada por el Ejecutivo. De otro lado, el premier Del Castillo ha declarado que "se evalúa que el sector MYPE deje la cartera de Trabajo y vaya a Produce". Aquí sí el ministro Pasco ha dicho que "después de aprobada la nueva Ley de MYPE probablemente se concrete su paso al sector Producción". ¿Habrá choque entre el Ministro y el Premier?
El fondo del asunto es que, en medio del enorme aumento de las utilidades, con el argumento de "formalizar" a las MYPE lo que se quiere es continuar la "flexibilización" fujimorista. El resultado podría ser el agravamiento de los conflictos sociales, pues se arremetería contra la fuerza laboral del sector "moderno" (que es el sostén del PBI), que ha comenzado a movilizarse pues tampoco le llega el malhadado "chorreo".
Según la última Nota Semanal del BCR (Cuadro Nº 82) el índice real de sueldos (1994=100) bajó de 105.5 a 103.8 de junio del 2006 a junio del 2007, mientras que los salarios bajaron de 90.4 a 87.2 en el mismo periodo. Además, nótese que los sueldos y salarios casi no han variado… desde 1994. ¿Y se pretende reducirlos aún más con la nueva Ley MYPE? El ministro Pasco debiera evaluar bien la situación para que, cuando salga del Ministerio, no lo haga con más pifias que cuando entró. Y con los conflictos sociales agravados.
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