| Ken Henry |
Por Humberto Campodónico
El superimpuesto a las ganancias de las empresas mineras será del 40% y su objetivo es que el alza de los precios de los minerales beneficie a toda la población, porque los recursos naturales son de la Nación. El ministro de Economía descartó las críticas de los empresarios, que dicen que el impuesto frenará la inversión minera; por el contrario, el impuesto permitirá seguir obteniendo importantes ganancias en el largo plazo, afirmó. Agregó, además, que los aborígenes tienen derecho a recibir una parte del impuesto a la ganancia de la renta de los recursos naturales.
¿Quién es este ministro de Economía? ¿Será boliviano, venezolano o ecuatoriano? ¿No tiene acaso un tufillo a Javier Diez Canseco, el padre Arana u Ollanta Humala?
Nada que ver. Se trata de Ken Henry, ministro de Economía de Australia, quien anunció este impuesto a principios de este mes, por las razones ya señaladas, a la que se añade la urgencia fiscal, pues se necesitan mayores ingresos para enfrentar la crisis internacional.
Y la cuestión es que, salvo unos meses en el II Semestre del 2008 en que bajaron fuerte, los precios de los minerales han seguido estando extraordinariamente altos, lo que ha vuelto a generar inmensas ganancias a los empresarios mineros, pero que no han sido compartidas adecuadamente, en este caso, con el gobierno australiano.
Dice la agencia Bloomberg que la propuesta australiana ha contagiado a otros gobiernos como Brasil, Canadá, India y Chile (Mining Tax ‘Contagion’ Set to Spread From Australia, 20/05/2010, www.bloomberg.com). Cierto, el gobierno chileno ha propuesto un impuesto temporal a las empresas mineras para que ayuden a la reconstrucción posterremoto, lo que podría costarle US$ 1,200 millones en los próximos dos años a BHP Billiton, Xstrata y Anglo American (ídem).
¿Y en el Perú? Pues nada de nada, como siempre. El actual gobierno continúa con la política de los anteriores y se niega a aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras. Afirma que eso sería ir contra la estabilidad jurídica de los contratos-ley.
Ese argumento podría aplicarse a los contratos ya firmados. Aceptémoslo por un momento. Pero, ¿qué pasa con todos los nuevos contratos que se están firmando desde el 2006, como Toromocho de Chinalco, Majaz de Zijin, Tía María de Southern, Quellaveco de AngloAmerican y, más recientemente aún, la ampliación de Cerro Corona por Gold Fields y el nuevo gran descubrimiento de oro Chucapaca en Moquegua, de Buenaventura y Gold Fields.
¿Por qué no se ha modernizado la legislación —como se viene pidiendo desde hace años— para que los nuevos contratos contemplen mecanismos que permitan captar una mayor renta minera cuando los precios están altísimos? Por ejemplo, una regalía variable que vaya subiendo con el precio; o diversas tasas de impuesto a la renta, que se eleven cuando lo hacen los precios; o una participación del Estado en un porcentaje de las acciones. O alguna otra combinación, porque soluciones técnicas hay a pastos. El problema es la falta de voluntad política.
Si no existe una adecuada participación en la renta minera, ¿de qué sirve decir que “somos” el # 1 o el # 2 o el # 3 en la producción de los distintos minerales en el mundo? Ese “somos” se refiere a los mineros y no a “todos”. Y, ojo, esta “licencia económica y fiscal” viene después de la licencia social y de la licencia ambiental, que son prioritarias. El contagio minero debiera llegar rápido a nuestras costas para que los ingresos tributarios extraordinarios ayuden a cubrir el déficit fiscal. ¿No les parece?
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