Miguel Cardozo*
En esta oportunidad abordaremos un tema que nos preocupa de sobremanera, como país y como sector. Se trata de la estrategia política que existe contra nuestra industria minera, motivada por un componente ideológico
que pone en riesgo el futuro del Perú.
Es claro que desde hace varios años existe una permanente prédica que busca desprestigiar al sector minero y que se viene manifestando a través de una serie de acciones concretas y sistemáticas.
El caso más reciente, sin duda, es el acuerdo firmado por la primera ministra, Mirtha Vásquez, perteneciente al grupo político Frente Amplio, con las autoridades de las provincias ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, en el que se comprometió a culminar los plazos y términos del retiro y cierre de cuatro unidades mineras, negándoles la ampliación de sus permisos de exploración y explotación, al mismo tiempo de respaldar la violencia y destrucción de las instalaciones del proyecto Apumayo como una protesta justificada.
Este acuerdo ha servido además para volver a poner en agenda el tema de las cabeceras de cuenca, que desde la época del conflicto relacionado con el proyecto Minas Conga en Cajamarca ha venido siendo promovido por el señor Marco Arana, del mismo grupo político y por el exgobernador regional Gregorio Santos, quien hoy se encuentra en prisión, que proponía la prohibición de actividades mineras por encima de los 3,500 metros sobre el nivel del mar, con el claro objetivo de bloquear 22 millones de hectáreas del territorio nacional, mientras que las áreas impactadas por las operaciones mineras en todo el país no pasan de medio millón de hectáreas.
Asimismo, tenemos el proyecto de ley presentado la semana pasada por la congresista Ruth Luque, de Juntos por el Perú, para derogar la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase exploratoria, sin tener en cuenta que este incentivo solo aplica para inversiones de altísimo riesgo efectuadas por empresas exploradoras que, por no tener ingresos operativos, no pueden recuperar este impuesto como los demás emprendimientos en el país.
Pero sí vamos más atrás, podemos advertir que estos no son hechos aislados, pues solo el año pasado se quiso imponer la ratificación del Acuerdo de Escazú, que hubiera afectado la soberanía nacional judicializando en cortes internacionales cualquier tema ambiental y dañado seriamente las inversiones y las actividades productivas del país.
Así también en el 2017, se publicó un nuevo Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de Exploración Minera, que se anunció como la panacea que iba a dinamizar las exploraciones, pero terminó poniéndonos en la cola de todos los países mineros del mundo en cuanto a nuestra competitividad como destino de inversiones para el hallazgo de nuevos yacimientos.
Todas estas acciones e iniciativas demuestran que, efectivamente, existe una estrategia antiminera orquestada desde varios ángulos por diversos grupos políticos, de modo que debemos estar alertas para proteger y asegurar no solo el futuro de nuestra minería, sino sobre todo el futuro de nuestro país.
*Segundo vicepresidente IIMP
