Los muertos del boom minero
Jorge Manco Zaconetti
En 1990 desde el Perú se exportaban al mundo 25 mil onzas de oro, llegando a un pico de 6.9 millones de onzas en el 2009 durante el segundo gobierno de Alan García, para llegar en el 2022 a los 5.6 millones de onza, que con precios superiores a los US $ 2,000 dólares la onza en los primeros días de diciembre del año que termina, constituye un atractivo fatal, perverso, donde la violencia, ilegalidad e informalidad resulta cotidiana.
Lo sucedido en la Mra. Poderosa de propiedad de los descendientes del grupo Arias Dávila, el segundo productor de oro en el país, con más de nueve muertos y varios heridos de bala en las propias concesiones de la empresa, constituye un hecho grave, que expresa la extensión del problema en el sector más importante de la economía peruana.
En verdad, la informalidad e ilegalidad en la producción aurífera que se destaca desde el 2004 cuando los precios del oro superan los límites de los US $ 300 la onza, poniendo en evidencia las diferencias crecientes entre las cifras declaradas por las propias empresas ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), y los volúmenes exportados registrados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Todo ello al margen del oro extraído en Puno y Madre de Dios que se destina a Bolivia.
Usted se preguntará amable lector cómo puede ser posible que el Ministerio de Minas registre una producción aurífera de un poco más de cuatro millones de onzas anuales en promedio, y el BCRP declare exportaciones de oro en promedio de seis millones.
Existen más de dos millones de onzas de oro anuales que superan un valor equivalente a los US $ 4,000 millones de dólares, que se exportan legalmente pero donde no se reconocen a los productores directos, pues esta producción proviene de la minería artesanal, otra informal y muchas veces ilegal, producto de invasiones de concesiones mineras.
Ello ha convertido a la producción aurífera sobre todo de Puno, Madre de Dios, Ayacucho, Ica, Arequipa, La Libertad en regiones productoras de oro donde campea la informalidad e ilegalidad que no abona impuestos ni regalías, altamente contaminante por el uso indiscriminado de mercurio, con altas dosis de violencia, corrupción de autoridades, en una “tierra de nadie” con un Estado ausente, donde campea la ley del más fuerte, llegando incluso a una distribución entre bandas criminales.
Muchas empresas formales compran la producción de los pequeños productores, que explotan las concesiones privadas. Le llaman producción de acopio, producción de terceros que es asumida en los costos de ventas de las empresas privadas, con ello se legaliza parcialmente una producción de los pequeños productores. De otro lado, existen empresas comercializadoras, traders le llaman que compran la producción de concentrados de oro, castigando los precios al pequeño productor formal e informal.
Se debe reconocer que la formalización minera y el reconocimiento de la ley de minería artesanal ha fracasado en el país a pesar de las buenas intenciones de la norma, y ha demostrado la incapacidad de un “estado capturado” por los intereses privados, que transfirió en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, las competencias de supervisión y promoción de la pequeña y minería artesanal a los gobiernos regionales.
En contrapartida, el MINEM como ministerio supervisa a la Gran y Mediana Minería que desde 1990 gracias a las leyes promocionales, ventajas tributarias, bajos costos de producción en especial de la fuerza de trabajo, con salarios que no guardan correspondencia con la riqueza, han convertido al Perú en un líder de la producción minera a nivel mundial, pero con altos costos sociales y ambientales.
En realidad, los gobiernos regionales a pesar de los importantes recursos transferidos por el canon minero, regalías y derechos de vigencia poco o nada han podido hacer ante la creciente informalidad y explotación de concesiones privadas, que se desenvuelven con altos costos sociales, violencia, muerte de trabajadores, explotación sexual de la mujer y creciente contaminación.
Siempre he sostenido que la minería es el sector más importante de la economía peruana por una serie de considerandos, por el efecto multiplicador de la inversión en especial que se reproduce en otros sectores. Así, hacia 1992 la inversión en el sector no superaba los US $ 25 millones de dólares. Con la bonanza de precios internacionales, y un marco promotor hacia el 2012 con los proyectos mineros de Las Bambas, Chinalco, Constancia y las ampliaciones de Cerro Verde, Antamina entre las principales, se llegó casi a los US $ 10 mil millones. Hoy bordean los US $ 5,000 millones, a pesar de una importante cartera de proyectos que se deben destrabar con responsabilidad social y ambiental.
Sin embargo, poco o nada se dice sobre los costos laborales. Así, entre el 2000 al 2022 las estadísticas formales declaran que en el período mencionado han muerto por accidentes y fallas de seguridad 1,152 trabajadores. Es decir, en veinte y tres años el promedio de accidentes fatales ha sido de cincuenta trabajadores por año. En verdad, la cifra real debe ser muy superior por las muertes no reportadas en la pequeña y minería artesanal, o como los actos delincuenciales en Mra. Poderosa que compra oro a mineros artesanales.
En Europa la muerte de tres trabajadores mineros en un año es una tragedia. En el Perú, en febrero del 2023 en las operaciones de la Mra. Yanaquihua registrada como pequeña minería, del Grupo Samaniego fallecieron veinte y siete trabajadores por faltas de seguridad, y ello solamente se registra en el gobierno regional de Arequipa.
Si se tuviera una real estadística de los accidentes fatales y de los muertos por la violencia delincuencial en el sector las cifras serían de espanto. Esta es la otra cara del modelo extractivista minero con un Estado ausente pero funcional a los Grupos de Poder.
Diario Uno, 09.12.2023
