El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sustentará este lunes 24 de noviembre ante el Congreso nueve reformas que considera clave, incluidas en el pedido de delegación de facultades legislativas, iniciativas que forman parte del paquete de 58 medidas presentadas por el Poder Ejecutivo.
Las nueve medidas del MEF está orientadas a fortalecer la recaudación, combatir la evasión, modernizar la gestión aduanera y agilizar la ejecución de inversiones públicas y privadas. El MEF dice que se busca consolidar un crecimiento económico responsable mediante un sistema tributario “más justo” y eficiente, reglas aduaneras modernas y mecanismos que permitan acelerar proyectos estratégicos para el país.
Se incluye reformas al Código Tributario y al régimen de percepciones y detracciones, con el fin de mejorar los incentivos para el cumplimiento oportuno y reducir la morosidad, como la incorporación de tasas de interés diferenciadas, que penalizan con mayor severidad a quienes incumplen sus obligaciones y corrigen distorsiones que actualmente afectan la recaudación. Asimismo, se propone optimizar el acceso de la SUNAT a los fondos de detracciones cuando existan deudas tributarias pendientes, lo que permitirá cerrar brechas de pago y fortalecer el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias.
“¿Más justo?” En realidad no hay justicia para los contribuyentes
Continuar con las normas de detracciones, percepciones y retenciones es una carga impuesta a los contribuyentes, pues con ello la burocracia de la Sunat impone lo fácil para ella al trasladar su trabajo de recaudación a los contribuyentes que se ven obligados a mayores gastos en contabilidad y logística para operaciones financieras.
Si la Sunat y el MEF se consideran eficientes, deben diseñar normas que les permita ejercer sus funciones de recaudación y no descargar ese trabajo a los sufridos contribuyentes, ya bastante tienen con estar sentados sin pensar en métodos inteligentes de recaudación y concentrarse en un alto IGV que aplasta a los más pobres y entorpece el dinamismo del mercado a la par que incentiva la evasión y la informalidad. En otros países tenemos por ejemplo: Australia 10%, Canadá 5%, China de 6% a 13%, Hong Kong 0%, EE, UU.: de 2.9 % a 7.25 %.
Sanciones
Se plantea actualizar la Ley Penal Tributaria para incorporar sanciones específicas frente al uso indebido de comprobantes electrónicos, la falsificación de constancias de detracción y otras prácticas ilícitas vinculadas a la transformación digital, reforzando así la lucha contra la evasión.
Aduanas
El MEF plantea medidas que permitirán actuar de manera rápida y eficaz ante indicios de subvaluación o fraude en el valor de las importaciones, mediante la creación de un procedimiento especial de control que fortalezca la capacidad de respuesta administrativa. Además, se propone modificar la Ley General de Aduanas para que, ante la detección de mercancía en tránsito no declarada, se apliquen multas proporcionales en lugar del comiso automático, evitando perjuicios a terceros ajenos a la infracción y reduciendo costos logísticos asociados al congestionamiento de terminales portuarios.
No hay freno efectivo al contrabando, lo cual atenta contra la seguridad
Pese a los alardes, las medidas aduaneras solicitadas no son un freno efectivo al contrabando. En diversos reportajes se ve el terrible contrabando, principalmente en la frontera con Bolivia, no sólo ante la impasividad de la Sunat, con directivos cómodamente sentados en sus escritorios, sino que se ha observado a agentes de la Sunat facilitando el contrabando, indicando a los contrabandistas por qué rutas no habrá control.
Las fronteras, en especial la boliviana, se han convertido en una fiesta para los traficantes de armas, explosivos, droga, oro bienes reobados y otros que atentan contra la seguridad ciudadana, la cantidad de armas de origen ilegal circulando en manos del hampa crece mientras la Sunat duerme. Hasta el propio estado boliviano ha actuado de reducidor al adquirir vehículos robados en Chile.
Infraestructura
Para dinamizar la inversión pública y privada, se incluye un mecanismo que facilita la disponibilidad de predios para proyectos de infraestructura y obras estratégicas, lo cual permitirá la liberación masiva de áreas necesarias para carreteras, hospitales y proyectos bajo modalidades de Asociación Público-Privada, reduciendo de manera significativa los tiempos y costos de ejecución. Asimismo, se plantea reorganizar y clarificar las funciones de ProInversión, su Consejo Directivo y los Comités Especiales de Inversiones, además de precisar el rol de la Contraloría en la supervisión de proyectos APP.
Con ello se busca mejorar la predictibilidad, reducir duplicidades y fortalecer la seguridad jurídica para los inversionistas.
Propuesta de infraestructura sólo favorece a la inversión público-privada, no estatal
Pese al poco tiempo que tiene este gobierno, rápido se han acomodado los inversores que buscan obras en asociaciones público-privadas, pero también debería modificarse todas las normas que hagan falta para que el Estado cree infraestructura, no sólo el “Club de la construcción”, Odebrecht o las mafias chinas.
El Estado en el Perú, hasta el primer gobierno de Fernando Belaúnde, construía carreteras y otras infraestructuras con el Ejército, lo cual debe retomarse, no sólo porque se debería así romper mafias, sino porque dichas construcciones son un ejercicio para que las Fuerzas Armadas estén preparadas para reconstruir en caso de desastre o guerra.
Finalmente, el MEF propone una medida orientada a reforzar la seguridad ciudadana y la integridad del sistema financiero, habilitando que las entidades financieras accedan de manera controlada y supervisada a los datos de identificación de personas extranjeras registrados en Migraciones, exclusivamente para prevenir fraudes y suplantaciones. Esta iniciativa reducirá riesgos en las operaciones financieras y facilitará la inclusión de personas extranjeras bajo condiciones adecuadas de verificación.
