El índice que mide la desigualdad (Gini) muestra un reparto muy desigual de la tierra. Asciende a 0,81, mientras que la media mundial se sitúa en 0,60.
El crecimiento del PBI en la agricultura es al menos el doble de eficaz en la reducción de la pobreza frente a otros sectores, según el Banco Mundial. Una receta que no se aplica en la región donde la tierra esta en manos de unos pocos, como lo muestra el índice Gini que asciende a 0,81, un nivel muy superior a la media mundial que se sitúa en 0.60.
En la región existe una «fiebre de tierras” debido a la creciente demanda mundial de alimentos, forraje y combustible. En segundo lugar, por el incremento de la demanda de minerales y productos madereros; y finalmente debido a la crisis financiera que ha vuelto más segura la inversión en tierras. “En toda América Latina y el Caribe se ha disparado la inversión (extranjera) en la tierra y la agricultura durante la última década”. Los 10 países más afectados por el acaparamiento de tierras son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, según El informe El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).
Por ejemplo, en Guatemala se ha reducido en 55 mil hectáreas los bosques, y en Honduras en 145 mil; a la par que la producción de biocombustibles (cultivo de palma de aceite y caña de azúcar) en estas zonas se ha incrementado en torno al 147,5%.
De las más de un millón 700 mil hectáreas que hay en la región, el 34% es tierra con potencial para la agricultura y el 48% son bosques, según el Instituto para el Desarrollo rural de Sudamérica (IPDRS). “La historia de la región nos cuenta que el proceso extractivista ha conducido a una generalización de la pobreza, ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades rentistas. Todo esto profundiza la débil y escasa institucionalidad democrática, alienta a la corrupción, desestructura sociedades y comunidades locales, y deteriora gravemente al medio ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas clientelares y patrimoniales”, sentencia Alberto Acosta, economista y ex ministro de Energía y Minas de Ecuador.
Conflictos sociales y concentración de tierras
En Perú, el 47,8% del territorio de las comunidades campesinas tienen concesiones mineras. La Defensoría del Pueblo registró en mayo de este año 211 conflictos sociales, de éstos, 143 (67,8% del total) se debieron a causas socioambientales, y de éstos mas de mitad son por minería.
Raphael Hoetmer, investigador integrante del Programa Democracia y Transformación Global (PDTG) –Perú, sustenta que el proyecto neoliberal en el país, impulsado por el gobierno de Alberto Fujimori, implicó un proceso de “reterritorialización» en el país, con la expansión minera como una de sus lógicas principales. El experto e integrante del grupo de ecología política de la universidad CLACSO, afirma que la profundización del extractivismo y estas reformas han generado daños ambientales, sociales, culturales, política y de salud humano a lo largo del país como en La Oroya (Junín), Cerro de Pasco, El Callao y Choropampa (Cajamarca).
El extractivismo, considera el especialista, consiste también en la configuración de un sistema político, económico, jurídico e imaginario cultural e identitario que permita su desarrollo. Es por ello, que habla de Perú como “gobierno minero” debido a que servicios, que son funciones propias del Estado, llegan a ser absorbidas por actores privados, como es el caso de la salud, educación construcción de infraestructura, o la seguridad.
Durante la conferencia se expuso la amenaza que el proyecto Conga (Cajamarca) supone para su población y el ecosistema, compuesto de humedales y lagunas, pues se removerían durante 17 años 92 mil toneladas diarias de roca y se producirían 85 mil toneladas de relaves tóxicos diarios. Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina, resaltó que tras 22 años de minería en la región es la más pobre del país. Además comentó que existe un interés por convertir el sur de Cajamarca en uno de los distritos mineros más grandes de Latinoamérica.
En el caso de Ecuador, el ingeniero agrónomo Michel Laforge considera muy limitados los avances en materia de acceso del campesinado a la tierra. El país vecino presenta una elevada inequidad en la propiedad de la tierra heredado de la historia: el 5% de los propietarios concentra el 52% de las tierras agrícolas, mientras que, en el otro extremo, el 60% de los pequeños productores son propietarios del 6,4% de las tierras, según los últimos datos disponibles. Una de las principales razones que explican los pocos avances en materia agraria es debido a que “las exportaciones no petroleras principales siguen siendo agroexportaciones (como el banano y el camarón), con una estructura productiva basada en grandes propiedades o plantaciones, que no tiene ningún interés en ver procesos redistributivos ponerse en marcha”.
Pedro Landa, investigador del ERIC de la compañía de Jesús de Honduras, explicó que el modelo extractivista reproduce las tradicionales economías de enclave que tratan de abastecer de materias primas a los países del Norte. Este modelo económico se vio impulsado en el país tras el Golpe de Estado del 2009, que impuso una nueva Ley de Minería. A un año de esta normativa, se generaron 20 conflictos. Los 292 proyectos mineros aprobados ocupan el 46,6% del territorio nacional. De aprobarse las 562 solicitudes en proceso, se incrementaría esta cifra hasta el 65.8%.
Perú, de la reforma agraria a la concentración de tierras
“Cuando, en el año 1980, se puso fin a la reforma agraria nadie imaginó que 30 años más tarde en el Perú volveríamos a los tiempos de la concentración de tierras en pocas manos, sostiene el estudio “El proceso de concentración de la tierra en el Perú” realizado por el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes). Sostienen que “las nuevas propiedades superan largamente las extensiones que tenían las grandes haciendas anteriores a la reforma agraria”.
Anna Cant, de la Universidad de Cambridge, señala que el acceso de la tierra, además de formar la base para la agricultura familiar, representa una pieza clave en la distribución del poder político. Es por eso que la reforma era acompañada por iniciativas de política local, educación y difusión a través de los medios de comunicación. Además manifiesta que “hay que entender que la reforma agraria es un precedente de los alcances de la lucha social en el Perú y de lo que se puede lograr con la movilización social”.
La economía solidaria y agricultura familiar
En el Perú alrededor del 90% de todas las unidades agropecuarias, es decir, más de 2 millones de predios, pueden ser calificados como Agricultura Familiar. Ahí están incluidos, tanto la pequeña agricultura comercial como las Comunidades Campesinas y Nativas. De éstos, la gran mayoría, un millón ochocientos mil, son de sobrevivencia, según explicó Fernando Eguren, de CEPES.
Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, una de las promotoras de este evento, señala que solo el 7% de las tierras a nivel nacional está dedicada a sostener la canasta familiar en el Perú, éstas dependen de la agricultura familiar, y no son protegidas por el Estado: “El Ejecutivo ha legalizado lo ilegal con los paquetazos ambientales, que promueve la inversión mediante la concertación de tierras, como es el caso del Título III de la Ley Nº 30230, se propicia un procedimiento especial para el saneamiento físico legal de predios, para proyectos de inversión pública y privada”.
Asimismo, en la conferencia se habló sobre la llamada economía solidaria. “No solamente hay economía de mercado, también hay otras economías, donde por ejemplo las comunidades juegan un rol estratégico, en el caso de Perú las comunidades campesinas, las familias, las mujeres, los jóvenes, las cooperativas, los bancos comunales; es decir, hay una infinidad de expresiones de esto que llamamos las otras economías”, explica Luis Montoya, docente de la Facultad de Ciencias Sociales UNMSM. Añade que “en América Latina hay políticas de fomento y promoción de la economía solidaria. Y uno de los casos que destaca es que la “economía solidaria” en nuestro país se encuentra en la provincia de Jaén, en Cajamarca, donde la producción de café orgánico a través de las redes de comercio justo, ha permitido que los campesinos de la zona se articulen a redes globales de economía. Asimismo, el especialista resalta al Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) de Brasil.
