Los pleitos por las azucareras

Por Humberto Campodónico

Ha comenzado un fuerte debate sobre la ley del Congreso del 3 de diciembre que prolonga un año más el régimen de protección patrimonial de Tumán, Pomalca y Cayaltí. Así, las acciones del Estado en esas azucareras (el 32 % de Pomalca, el 33% de Cayaltí y el 7.2% de Tumán) no se venderían en el 2011.

Si se venden las acciones de Tumán, Pomalca y Cayaltí, éstas podrían ser compradas por el Grupo Gloria. El Grupo Oviedo sería el principal interesado de que eso no suceda. La “Ley Oviedo” contó con los votos del APRA, el fujimorismo y el Partido Nacionalista.

Quienes están contra la ley, como el ministro Ismael Benavides, dicen: “Los administradores han tenido 6 u 8 años de protección patrimonial. Si no se han ordenado o reestructurado, o son ineptos o no quieren hacerlo. Como está planteada de ninguna manera debe aprobarse la Ley. El Estado tiene que salir de sus acciones y que el tema lo resuelvan entre privados”.

Para nosotros, sí deben existir límites para impedir regímenes oligopólicos y la fijación de precios (aquí nos vamos por la segunda alza del azúcar en menos de un año). Es lo que sucede en los países industrializados, donde la regulación a los límites de propiedad está incorporada en las leyes sobre fusiones y adquisiciones de empresas: en la Unión Europea y EEUU existen el Consejo de la  Regulación y el Buró de Competencia de la Comisión Federal de Comercio (ver www.cristaldemira.com, 16/7/10).
 
Lógico: si el capitalismo postula la libre competencia como el mecanismo óptimo para la asignación de recursos y la satisfacción del consumidor, lo contrario (el oligopolio o el monopolio) no funciona (1). Claro, existen casos en que un oligopolio puede asignar mejor los recursos. Pero, ojo, eso lo decide el regulador y no el “libre mercado”.
 
Volvamos al Perú. La pugna detrás de la “Ley Oviedo” nos dice que existen fuertes intereses en el mercado del azúcar (los precios internacionales se han duplicado en los últimos dos años y existe ahora la exportación de etanol a los EE. UU. con cero arancel, lo que se ha convertido en muy buen negocio) que involucran a las empresas del sector y los “lobbies” que las apoyan, lo que incluye gremios empresariales, partidos políticos y medios de comunicación.

Y, también, que debe haber un límite a la propiedad de las tierras (que debe ser ampliamente discutido y, ciertamente, mucho menor a las 40,000 has que propone Jorge del Castillo) para evitar oligopolios y manipulación de precios.

(1) Fernando Eguren explica las ventajas de la pequeña agricultura en: “¿Nuevos latifundios o agricultura familiar?”, La República, 19/1/10.

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